El Colombiano - Ha pasado un mes, pero hay lugares en los que el terremoto de 7,4 todavía no termina. En Cali, en el barrio Cuarto de Legua, el edificio Atalanta permanece como una especie de reloj detenido en la mañana del sismo del 10 de agosto.

Sus habitantes ya no escuchan el estruendo ni sienten cómo se mueve el piso, pero siguen esperando peritajes, respuestas de las aseguradoras, decisiones sobre la estructura y, sobre todo, una fecha posible para volver a sus casas.

La ciudad, una de las más afectadas por el sismo junto a Pereira, Buenaventura y Quibdó, tiene por estos días 769 edificaciones con rótulo de “no habitables” y 475 con “uso restringido” en una urbe en la que conviven 45.139 familias damnificadas por el terremoto que partió en dos la vida de la capital del Valle.

Algunos tuvieron que repartir sus pertenencias y sus días entre viviendas de familiares. Otros, especialmente adultos mayores jubilados, vieron cómo el patrimonio de toda una vida quedaba convertido en una espera que podría prolongarse hasta dos años.

Un mes después, la emergencia ha cambiado de rostro. Ahora no son los escombros sino los trámites, los presupuestos, los fletes, los informes técnicos y la incertidumbre los que prolongan una crisis que comenzó con un movimiento de tierra.

Con corte al 9 de septiembre, la UNGRD reportó en el país 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. En 16 departamentos y 498 municipios, 466.709 personas y 296.738 familias resultaron afectadas.

Además, 202.002 viviendas quedaron averiadas y 36.326 destruidas, junto con infraestructura pública y otras edificaciones. Pero las cifras no alcanzan a contar lo que ocurre cuando termina la emergencia inmediata y comienza la espera: reconstruir una vivienda, recuperar la rutina y volver a armar una vida cuando el regreso todavía no tiene fecha.

Las grietas en la vida

A los 30 segundos de que comenzara el sismo, Angélica María Galvis vio caer las paredes de su apartamento en el edificio Atalanta, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali. Salió en pijama y chancletas, junto con su madre, su hija de 11 años, un sobrino y otras dos personas. Un mes después, todavía no ha podido regresar.

El Atalanta resistió, pero a pocas cuadras otras edificaciones no corrieron la misma suerte y sufrieron daños severos. Uno de los edificios más golpeados fue el que habitaban las trillizas Saavedra: allí murieron sus padres, dos de las hijas y un tío. Esa imagen, junto a la de otro edificio afectado, quedó grabada desde entonces en la memoria de los habitantes de la zona.

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Han pasado 30 días y Angélica sigue sin volver a su casa. Lleva 18 años viviendo en Cuarto de Legua y conoce el barrio como quien conoce una extensión de su propia casa. Pero desde el terremoto ha tenido que pasar por cuatro viviendas de familiares distintas.

No se ha movido de un lugar a otro por gusto, sino tratando de encontrar un techo que le permita mantener, al menos, una parte de la rutina de su hija y conservar la ruta escolar. “Uno pierde el arraigo”, cuenta en diálogo con El Colombiano al reconstruir lo ocurrido un mes después.

La frase resume una sensación que no aparece fácilmente en los balances oficiales: tener casa, pero no poder habitarla; tener pertenencias, pero no poder entrar por ellas; tener una vida organizada durante años y, de repente, no saber dónde estará la próxima semana.

El edificio Atalanta no será demolido. Esa fue una de las noticias recibidas ayer que les permitió respirar después de los primeros días. Pero tampoco significa que sus habitantes puedan regresar pronto. “La estructura necesita una reestructuración técnica que, según las estimaciones que nos dieron, podría tardar alrededor de dos años”, expresa Angélica.

Mientras tanto, sus apartamentos averiados permanecen prácticamente abandonados. Angélica y su familia alcanzaron a sacar ropa y algunos elementos básicos. El resto quedó adentro. También quedó atrapado el vehículo familiar, en el sótano, junto con cerca de otros 25 carros.

En el edificio viven, además, numerosos adultos mayores y jubilados. Para ellos, la espera tiene un peso distinto: buena parte de sus vidas está representada en las paredes, los muebles, los documentos y los objetos que quedaron dentro de esos apartamentos.

La madre de Angélica es una de las damnificadas que sigue esperando una solución para su edificio. Sin vehículo, la familia comenzó a depender de taxis y plataformas como Uber, Didi y Yango, elevando gastos que pasaron de unos $8.000 a $10.000 por trayecto y, en algunos casos, hasta $35.000.

Se anotaron en el Registro Único de Damnificados y solicitaron el subsidio de arriendo, estimado en $3,3 millones por tres meses, pero un mes después del sismo el dinero aún no ha llegado.

Angélica describe esa espera como una segunda sacudida: trámites ante Gestión del Riesgo, aseguradoras, ingenieros y propietarios, respuestas que no llegan y hasta dificultades para instalar lonas por falta de planos actualizados.

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Pero la secuela que más le preocupa está en su hija de 11 años, quien presenta estrés postraumático después de haber visto caer las paredes y tener que salir corriendo de una casa que dejó de sentirse segura.

Desde entonces, Angélica documenta cada día en Facebook lo que significa seguir siendo damnificada un mes después del terremoto.

Buenaventura, El Cairo y Pereira

En el barrio Kennedy de Buenaventura, doña Olga Estela habita su casa sorteando la falta de apoyo estatal. Tras sufrir el colapso de la azotea durante el terremoto, ha tenido que ir reparando el techo como puede, remendando la estructura con pedacitos de láminas usadas a la espera de reunir los medios para armarla de nuevo.

Sin ayudas monetarias del gobierno para su vivienda, dice en diálogo con este diario, subsiste de forma autónoma mediante la venta informal de cajas de cerveza y viche, una bebida típica de la región Pacífica.

Sin embargo, a su situación económica y a sus problemas de hipertensión se suma un constante desgaste psicológico: vive agobiada y atormentada por los rumores alarmistas que circulan en redes sociales como Facebook —publicaciones falsas que anuncian tsunamis, terremotos más devastadores o “tres días de oscuridad”—, una desinformación que la mantiene insomne y sentada en la sala con un bolso de emergencia preparado con sus pertenencias básicas.

Por su parte, en el municipio de El Cairo (Valle del Cauca), Gloria Yumedis, un mes después del sismo cuenta que asumió de su propio bolsillo casi dos millones de pesos para costear un estudio geológico privado que le certificara si el terreno era seguro para reconstruir.

Mientras resuelve el destino de su propiedad, vive junto a su familia en una casa alquilada donde tuvo que improvisar la cocina en el patio.

Al intentar financiar la reconstrucción, chocó contra la negativa de crédito de los bancos, que rechazaron su solicitud por mantener deudas previas.

Cuando comenzó el terremoto, Valeria Torres López estaba en el noveno piso del conjunto Papiro, en Dosquebradas, Risaralda, cerca a Pereira, junto a su pareja y sus dos gatas. Lo que empezó como un movimiento leve se intensificó de golpe.

Se refugiaron bajo la puerta del vestidor entre llantos y oraciones y, cuando la sacudida disminuyó, lograron meter a las gatas en un guacal y bajar por las escaleras. Afuera se encontraron con otro problema: las telecomunicaciones habían colapsado y durante horas no pudieron avisarles a sus familiares que estaban a salvo.

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La dimensión de la tragedia la descubrieron después: tres viviendas de su familia quedaron afectadas. La casa de su abuela, en Pereira, tendrá que ser demolida por fallas estructurales.

El apartamento de su madre, también en esa ciudad, sufrió el colapso de una pared y deberá ser demolido. Y el apartamento de Valeria, en Dosquebradas, aunque conserva su estructura, quedó con daños en mampostería y jardineras que deberán ser reparados por la constructora.

Destaca especialmente la solidaridad de los amigos de la rama judicial con su madre, quien es relatora en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda.

Tras perder su equipo de cómputo durante el sismo, sus compañeros realizaron una colecta para comprarle un computador de escritorio nuevo, además de brindarle auxilios económicos y de alimentación para afrontar la emergencia junto a los suyos.

Para Valeria, la pérdida no se reduce a tres inmuebles dañados. También significa ver a su abuela enfrentarse a la desaparición de la casa que levantó para su familia y asumir, como médica, que el dolor que no se expresa puede terminar apareciendo en el cuerpo, convertido en ansiedad y otros síntomas físicos de la señora.

Fondo Milagro ha logrado 13 acuerdos

Un mes después del terremoto, el Gobierno Nacional, a través del Fondo Milagro, ha hecho 13 acuerdos con los principales grupos empresariales del país para movilizar recursos privados, entregar subsidios y apoyar la recuperación de las regiones más afectadas, con especial atención en Chocó.

La primera fase de este plan contempla una inversión superior a $30 billones para la recuperación integral de los departamentos afectados. La estrategia también tiene gerencias regionales encargadas de coordinar la reconstrucción.

En Risaralda, Ana María Cuartas fue designada para administrar una bolsa de $2 billones destinada a la recuperación de Pereira. En el Valle del Cauca, esa coordinación está en manos de Juan Manuel Muñoz, mientras se esperan designaciones para Chocó, Caldas y Quindío.

El senador Duvalier Sánchez, ayer en medio de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, publicó en X una respuesta que le entregó esa cartera que indica que a la fecha esa entidad “no ha suscrito contratos ni convenios específicos para la ejecución de obras de reconstrucción derivadas del sismo del 10 de agosto de 2026, en la medida en que el proceso se encuentra aún en fase de diagnóstico técnico, censo y estructuración de los instrumentos jurídicos y financieros correspondientes”.

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