La renuncia de Carlos Camargo Assis a la Defensoría del Pueblo aceleró los debates sobre quién podría sucederlo. La Cámara de Representantes avaló su salida el 4 de junio con 117 votos a favor, así que desde entonces Julio Luis Balanta, vicedefensor de la administración de Camargo, es el titular, al menos hasta agosto.
El equipo que Camargo llevó a la entidad seguirá igual. Entretanto, él ocupará un cargo en la Universidad Sergio Arboleda, en la que estudió junto al expresidente Iván Duque, y esperará por una posible postulación para ser magistrado de la Corte Constitucional el próximo año, cuando termina el período del actual presidente, José Fernando Reyes.
Julio Balanta, el reemplazo interino de Camargo, ha sido delegado para Asuntos Étnicos de la Defensoría. Para ocupar el cargo en propiedad podría llegar alguien que también ha ocupado otros cargos en la entidad: María Fernanda Rangel, actual delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género.
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Hasta ahora, Rangel ha sido una funcionaria discreta. Carlos Camargo, exmilitante del Partido Conservador, aprovechó varias oportunidades para expresar demandas a la administración de Gustavo Petro y contar su desacuerdo con varias políticas. Sus declaraciones en video fueron características, algo que contrasta con Rangel.
El presidente Petro tendrá la última palabra para escoger una terna y presentarla a la Cámara de Representantes, que tendrá que escoger en agosto para que la próxima defensoría comience en septiembre. Si sigue la lógica de la terna para fiscal general, por ejemplo, un perfil como el de Rangel encaja en buena medida.
Rangel, abogada cucuteña, no solo es conocedora de la Defensoría, de la que hace parte desde septiembre de 2022, sino del Ministerio Público en general. Entre 2018 y 2022 fue parte de la Contraloría General de la República, lo que, de hecho, le aportó varios puntos a favor para competir por el cargo de contralora general.
Su proceso iba bien. En el examen de conocimientos fue la mujer con mejor puntaje, con 78,9 sobre 100, y hasta agosto de 2022 había cierto respaldo por parte de miembros del Partido Liberal, el Conservador, el de la U y Cambio Radical. Las reglas para las listas de elegibles cambiaron, el proceso giró y al final ella renunció.
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El apoyo mayoritario entonces se dirigió a Carlos Hernán Rodríguez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado al detectar irregularidades en los cambios que derivaron en tres listas distintas de elegibles. Rodríguez interpuso una tutela y la Corte Constitucional ordenó en abril rehacer el procedimiento.
Rodríguez está a punto de ser escogido como contralor general otra vez. El Senado y la Cámara han adelantado sesiones conjuntas para descartar aspirantes de la lista inicial de veinte elegibles que salió de la prueba de conocimientos de la Universidad Industrial de Santander, y solo falta la jornada de elección.
Mientras la victoria de Rodríguez en la Contraloría está prácticamente asegurada, las discusiones se centran en quién sucederá a Margarita Cabello en la Procuraduría General desde enero del próximo año y a Carlos Camargo desde septiembre de este año. Además de Rangel, un nombre clave se asomó en las posibles candidaturas.
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Se trata de Mauricio Pava, el actual abogado del presidente Petro en las diligencias que la Comisión de Investigación y Acusaciones ha adelantado en su contra por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, y en la investigación que la Comisión de Disciplina lleva contra el investigador de su hijo Nicolás.
Pero ser ternado no está en las aspiraciones del propio Pava, quien ha ganado más visibilidad en la Rama Judicial que en la política. Hace casi once años, cuando Petro era alcalde de Bogotá, el abogado lo denunció por prevaricato por haber expedido su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin la aprobación del Concejo.
La controversia no trascendió. El POT fue suspendido en 2013 por el Consejo de Estado y declarado nulo en 2019. Pava, tiempo después, se convirtió en abogado de Armando Benedetti y en conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Y su reserva terminó el año pasado, cuando Petro públicamente lo anunció como su defensor.
Por ahora, su intención parece ser permanecer en el ámbito privado de la defensa técnica, no en el público de la Defensoría. A la Casa de Nariño, entonces, podrían esperarle dos opciones: una terna solamente de mujeres, como algunas organizaciones lo han pedido, según algunos medios, o una con Daniel Prado.
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El penalista Prado ha sido cercano al presidente, no solo porque fue militante del M-19, sino porque ha sido uno de sus abogados y porque participó en reuniones con representantes de grupos delincuenciales en las cárceles para tener acercamientos en el marco de la Paz Total. Ese punto, de hecho, es clave en la labor de la Defensoría.
La Defensoría del Pueblo es una entidad humanitaria. Intercede para dar a conocer los derechos humanos y para intentar que se respete el derecho internacional humanitario, que es el que reglamenta cómo deben actuar los actores armados en los conflictos. Es un canal entre el Estado, la población civil y los grupos armados.
Con Camargo en la Defensoría, el órgano solicitó ser parte de los diálogos que el Ejecutivo adelantaba, por ejemplo, con el ELN, argumentando que su rol era necesario para dar a conocer cómo las comunidades percibían el actuar de los subversivos. La interlocución con el Gobierno no era precisamente la mejor.
Fuera de lo que podría ocurrir con el conflicto, la Defensoría protagonizó reclamos en áreas como la salud, los derechos de comunidades indígenas, las alertas tempranas, entre otras, siempre llamando la atención del Ejecutivo. Las respuestas futuras quizá dependerán de quién suceda a Camargo.
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Aunque la dirección de la Defensoría es un asunto más cercano para el Gobierno y el Congreso, la de la Procuraduría comienza a asomarse. El principal responsable es el excontralor Carlos Felipe Córdoba, tras una consulta que, por solicitud de la Corte Suprema, el Ministerio del Interior elevó al Consejo de Estado.
La duda de la Corte es si los quince años que la Constitución exige como experiencia para ser procurador general pueden computarse con labores que no tengan que ver con el derecho. La Sala de Consulta del Consejo de Estado tuvo que nombrar al conjuez William Zambrano para poder tomar una última palabra.
Para la Corte Constitucional, la respuesta para Córdoba debe ser no. En la sentencia que decidió sobre qué tan constitucional es un proyecto de ley que busca cambiar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, conocida por comunicados desde el año pasado y en su totalidad desde la semana pasada, podría haber una respuesta.
El alto tribunal decidió sobre varios temas, desde facultades para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hasta presencialidad en procesos penales. Uno de ellos, los requisitos para llegar a la magistratura de una alta corte, que son esencialmente los mismos para ser procurador o procuradora.
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Un parágrafo del proyecto de ley estatutaria señalaba que para dirigir la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y la Registraduría, una candidatura podría “acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en Ciencia Política, Gobierno, Finanzas, Relaciones Internacionales”, entre otras.
La Corte Constitucional declaró inexequible ese aparte. La Sala de Consulta del Consejo de Estado podría tomar en cuenta esa determinación o podría dar otra interpretación, como, por ejemplo, que no hay requisitos taxativos para la elección de quien dirija la Procuraduría y, por ende, al Ministerio Público.
Si el Consejo de Estado concluye que la experiencia distinta al derecho no se puede sumar a la ejercida como abogado, Córdoba no tendría ninguna oportunidad de ser ternado, pues su título en derecho lo obtuvo apenas en octubre de 2021, mientras era contralor, tras un proceso de apenas dos años y medio.
Un convenio entre la Contraloría y el Politécnico Grancolombiano fue clave, según lo explicado entonces por Córdoba. Su versión es que el Politécnico le homologó varias materias gracias a su formación en Relaciones Internacionales, Alta Gerencia y Acción Política, que obtuvo con su pregrado, una especialización y una maestría.
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Pero el decano de la facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad lo contradice, según lo cita el diario El Espectador. Carlos Augusto García aseguró que el trato no tuvo vigencia porque debían entrar mínimo cincuenta estudiantes de la Contraloría, una cifra que al final no se alcanzó. El punto es que Córdoba tuvo su título.
Quien llegue a la Procuraduría será un actor clave para el Gobierno. Las facultades con las que cuenta el ente de control han sido objeto de amplia discusión por parte del presidente Gustavo Petro, quien llegó a su cargo porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos restableció los derechos que la Procuraduría le había arrebatado.
Se decía que la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia podría abordar ese tema, pues según algunos de sus miembros, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la entidad debería reformarse profundamente o eliminarse. Pero el Gobierno cerró la posibilidad y la Comisión se centró en proyectos de acceso a la justicia.
Detrás de Córdoba, los nombres aún no son precisamente sólidos. Uno de los más notables es el exdefensor del pueblo Carlos Negret, quien fue parte de la lista del Nuevo Liberalismo en las elecciones al Congreso en 2022. El Senado deberá escoger una terna creada por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
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