Un candidato a la Alcaldía ha propuesto la creación de 10.000 empleos desde el Gobierno Municipal. Con la contratación de 3.000 medios empleos para grupos poblacionales, 2.000 administrativos de colegios públicos, 1.000 formadores deportivos, 300 formadores culturales y 500 tutores de movilidad y de la ley de primer empleo, enfrentaría la desocupación destacada en las mediciones del Dane.
Las cifras del último trimestre disponible de Cúcuta y su área metropolitana, junio-agosto de 2023, son claras. De una fuerza de trabajo de 468 mil personas, hay 418 mil ocupados y 50 mil desocupados. Es decir, tenemos una tasa de desocupación de 10,7%. Ese es el resultado de dividir los desocupados sobre la fuerza de trabajo. Además, nuestra tasa de informalidad de 57,5% está por encima del promedio nacional. A este valor llegamos al dividir los 241 mil informales sobre 418 mil ocupados.
Del contraste entre los datos del Dane y la propuesta inicial surge un hallazgo. Asumiendo que todo lo demás permanece constante y creando esos 10.000 empleos, Cúcuta pasaría de 50 a 40 mil desocupados. Dividir este número entre la fuerza de trabajo de 468 mil haría que la tasa de desocupación llegue a 8,5%. Ese indicador pasaría, comparando el mismo trimestre, de 27,3% en 2020, a 16,1% en 2021 y 11,8% en 2022. Sería el porcentaje más bajo en la historia.
Como siempre, el diablo está en los detalles. Esperando precisiones sobre la promesa, aproximémonos a los costos. Un empleado de salario mínimo costaría alrededor de $17 millones en un contrato de 10 meses. 10.000 empleados con esta condición tendrían un costo de $170 mil millones anuales. Alguien sugerirá que no es pecado invertir en empleo cuando la ciudad tiene, para 2023, un presupuesto de $1,66 billones. El problema es que casi $1,26 billones se destinan a pagar régimen subsidiado de salud y maestros. Mejor dicho, quedan $400 mil millones para lo demás.
Se infiere que una apuesta de ese tamaño comprometería recursos para vivienda, mujeres, renovación de colegios o vías. Peor que lo anterior, ese camino ni ataca lo estructural del mercado laboral ni genera un entorno favorable para el sector privado.
Pese a que el Gobierno Nacional incide en el escenario con ajustes del salario mínimo o reformas tributarias o laborales, las regiones y ciudades son protagonistas. Por eso, y reconociendo que la crítica no nos debe alejar de las soluciones, compartiré una medida factible.
En la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá existe “Empleo incluyente”. Se trata de un incentivo monetario entregado a empresarios que contraten formalmente a nuevos empleados de poblaciones vulnerables. Así se cierran brechas a mujeres, jóvenes, migrantes o personas con discapacidad y, sobre todo, se crea empleo formal. En Cúcuta podría replicarse y extenderse a firmas que decidan llegar.
El programa disminuye los criticados costos de contratación laboral, promueve el desarrollo empresarial, deja espacio presupuestal para inversión social y es más eficiente que si lo hiciera directamente el municipio, mitigando suspicacias sobre favorecimientos políticos.
Parte del éxito radicaría en el acompañamiento de programas de Formación para el Trabajo y una institucionalidad fuerte. Centros educativos, agencias de empleo, secretarías municipales, la Cámara de Comercio y cajas de compensación se encargarían de asuntos como fortalecer habilidades blandas, ofrecer programas requeridos por empresas y enseñar a estructurar la hoja de vida o presentar una entrevista. Así soñaríamos con más empleos.
Adenda. A los futuros líderes locales les recomiendo “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”, un aporte de Econometría Consultores.
(@freddykastro)
