La violencia en Colombia involucra a diversos actores. No solamente es la delincuencia llamada común o la de los alzados en armas con la marca de guerrilleros. A estas se suman los paramilitares, los sicarios de las mafias y otras bandas criminales articuladas con empresas dedicadas a actividades ilegales, que generan utilidades cuantiosas. Y en ese conjunto operan agentes descarriados del Estado y de causas políticas que se benefician de la comisión de hechos letales o del exterminio de personas que incomodan sus intereses. Es ejercer la confrontación a sangre y fuego en función del poder de alcance público.

Con esos entramados surtidores de violencia, las gestiones encaminadas a buscar la paz quedan limitadas y se requieren esfuerzos especiales para superar los escollos. En lo cual hay que insistir hasta superar los muros erigidos por quienes prefieren la guerra. Y estos abundan aún en las filas de las propias Fuerzas Militares. Son los que no están conformes con el reconocimiento de los derechos en una cobertura generalizada para todos los sectores de la comunidad o los que disienten de los acuerdos a los que se ha llegado con grupos que hicieron parte del conflicto armado.

La proclividad a la promoción de la violencia en Colombia ya cuenta con actores desafiantes. El mismo presidente electo asume como propósito especial de su causa política destripar a sus adversarios de la izquierda. Es una advertencia de muerte que no debe subestimarse, pues introduce en la vida de la nación una actitud de menosprecio hacia la existencia humana, lo cual, como compromiso de gobierno, supone un desafío desmedido contra un derecho fundamental.

Y esa tendencia cuenta con réplica a otro nivel, como es el caso del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, “El Gury”, quien se mantiene armado con un bate, dispuesto a agredir a los ciudadanos que incurran en protestas civiles. El mismo que pide bombardear municipios donde hay grupos armados y en los que Iván Cepeda obtuvo una votación mayoritaria.

Es el mismo lenguaje de los dirigentes de la derecha, que no pudieron asimilar la pérdida del gobierno que les sirvió de botín durante varios años y, en reacción, cayeron en la fijación del agravio hacia sus adversarios, con la ilusión de volver a la fuente de privilegios que habían perdido.

Todo lleva a pensar que esa obsesión por la violencia es un insumo para el ejercicio de la política a la medida de mezquinos intereses, sin importar los males que deja en Colombia semejante postura.

Puede entonces el país estar expuesto a la recurrencia del exterminio al que fue sometida la Unión Patriótica como colectividad política. Todo desde la perspectiva de cerrarle espacios a la democracia y de volver al autoritarismo, al sectarismo que puso a Colombia en el rumbo de la negación de las garantías reconocidas universalmente a los pueblos.

El país ha sufrido mucho con la violencia en todas sus vertientes, y regresar a esa situación de descalabro sería padecer un infierno, como en los años de las dictaduras en el continente, que causaron sufrimiento y todavía dejan adversidades no superadas.

Puntada

Los recursos destinados por el Ministerio de Educación al Catatumbo deben aprovecharse de la mejor manera posible para alcanzar las metas de beneficio colectivo previstas.

ciceronflorezm@gmail.com

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