Esa pareceriera ser la decisión en contra de los habitantes de Villa del Rosario con el aumento exagerado del impuesto predial, que sumado a la reforma tributaria, lo que crean las autoridades son verdaderas bombas de tiempo sociales porque hay gente que ya no aguanta más. Eso está sucediendo no solo en Villa del Rosario, sino en Cúcuta y muchas partes de Colombia; la gente que está sin trabajo, endeudada, sin poder matricular a sus hijos en una universidad, y adicionalmente, como si ello no fuera suficiente, le aumentan sus impuestos en más del 500%. Para qué nos desgastamos más tiempo en foros, estudios y análisis para encontrar las causas del aumento de la delincuencia en el país, de la ilegalidad, del contrabando y hasta del microtráfico, si las autoridades que toman decisiones, no solo pareciera que están en la luna sino que creen que aplicando la fórmula de al caído caerle, aumentan su popularidad.
No conozco en detalle el embrollo de la reclamación en el aumento del impuesto de renta en Villa del Rosario, pero de lejos, sí existen normas, leyes y varias referencias jurisprudenciales que hablan de que los impuestos deben decidirse dentro de criterios de equidad y justicia social. En la propia constitución existe norma en ese sentido. Por lo que he visto, entiendo que el problema comienza porque hacía muchos años no se adelantaba una actualización catastral, y sucede, que ahora que el gobierno se quedó sin dinero por repartir tanta mermelada, por irresponsable, porque al principio del gobierno de Santos se nos decía que eramos uno de los países emergentes en el mundo, un modelo de economía eficiente, mientras que por otro lado se robaban Reficar y Odebrech, ahora, la actualización que no se hizo pausada y con estudio en su momento, las autoridades que en muchos casos no solo andan en la luna sino carcomidos por la burocracia, pretenden de un tajo hacer lo que dejaron de hacer en muchos años.
Ahí incluso comienza la reclamación, que en términos sencillos es lo mismo que decir que el ciudadano no tiene por qué soportar la negligencia de una autoridad que por muchos años no hizo en su momento lo que legalmente correspondía. O dicho en otros términos, las consecuencias de un error o negligencia de una autoridad de no actualizar, esos efectos desfavorables no se le pueden trasladar al ciudadano. Algo de eso está sucediendo en los Llanos Orientales en zonas de Puerto López, Meta, en donde a dueños de fincas les aumentaron los impuestos exageradamente como si el bajonazo de los precios del petroleo solo hubiera afectado a Venezuela y no a Colombia. En una reunión que como abogado fui invitado el año pasado, tenía oportunidad de expresar ese punto de vista con algunos respaldos en decisiones judiciales.
Creería que el Alcalde Pepe Ruiz y el concejo municipal si tienen competencias para “suavizar” el impacto del aumento de un impuesto porque además sobran razones de informalidad y desempleo en esta región, de realidades y dificultades económicas inocultables que no solo deben quedar para estadísticas del gobierno nacional de situación crítica en la frontera, o para decírselas al presidente en una de sus visitas a Cúcuta y que se le olviden tan pronto el avión despegue, sino que esa realidad económica y de crisis de la frontera se tengan en cuenta en las decisiones de gobierno, y con ello, evitar esos aumentos exagerados. De paso, así nos daríamos cuenta de que no estamos en la luna sino en la tierra y más exactamente en Villa del Rosario.
