Y no es para menos, después de escudriñar con mucha atención, sobre las incidencias derivadas de las decisiones tomadas por la alcaldía de Cúcuta, con relación a la administración de sus recursos.
La administración municipal, de mi cosecha, al parecer, para evadir la fiscalización por parte de la Contraloría de Cúcuta, está celebrando convenios interadministrativos para la utilización de los recursos de inversión no solo de los propios, sino también de las transferencias de la Nación (SGP) con el Área Metropolitana de Cúcuta, que es fiscalizada por la Contraloría Departamental y la Contraloría General sobre los recursos del SGP, emulando a los congresistas que, cuando son investigados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, renuncian a su fuero, para que sea la Fiscalía General la que se haga cargo de la misma, asumiendo que esta lo hace con menos rigurosidad.
Lo que no previó el alcalde, ni sus asesores, es que esta práctica inusual o “jugadita”, además de burlar la fiscalización del organismo competente (la Contraloría Municipal), perjudica la obtención de ingresos municipales por estampillas procultura y el adulto mayor, con destino a las secretarías de Cultura y Bienestar Social, para el cumplimiento de sus funciones sociales. Esto detectó la Contraloría Municipal en un informe final de auditoría de septiembre del presente año, donde se consignaron 40 hallazgos disciplinarios, administrativos, dentro de los cuales se abrirán 3 procesos de responsabilidad fiscal por la suma de $262’586. 355.oo por la gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica de la administración municipal al configurarse detrimento patrimonial en contra de las finanzas municipales, en la vigencia fiscal del año 2020, reseñó tajantemente el informe.
La Contraloría, además, tachó la decisión en la suscripción de los convenios, al hecho de que las obras a ejecutar se harán exclusivamente en la ciudad de Cúcuta y no tocan municipios vecinos para considerarse metropolitano, por lo tanto, sería una delegación ilegal, como lo subraya el informe, en las funciones que no se pueden delegar según el art. 11 de la ley 489 de 1.998 que a la letra dice: “las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación” y la secretaría de infraestructura recibió por delegación esas funciones, lo cual no le era posible la “subdelegación”.
Para que los lectores tengan idea de la magnitud del perjuicio a la cultura y al bienestar del adulto mayor en Cúcuta, por los convenios suscritos con el Área, me permito darles a conocer el déficit en los ingresos en cada secretaría: Bienestar Social decreció en un 53.1% en el 2020 con relación al 2019, pasando de unos ingresos de $8.156’218. 738.oo a $3.822’378. 541.oo y Procultura decreció un 42.8% en el mismo periodo pasando de $6.981’717. 385.oo a $3.990’245. 907.oo.
De otra parte, sería transparente que los órganos de control que vigilan al Área, examinaran a que contratistas favorecen teniendo en cuenta que usan la plataforma Secop I con menos oferentes y no la dos como la de la alcaldía que ofertan una muy buena cantidad de contratistas, muy por encima.
Y no ¡Escarmientan! en el presente año, ya llevan suscritos varios convenios interadministrativos por valor de $65.953’308.oo, que, como salen de la esfera municipal, dejan de recaudar para la cultura y para el adulto mayor la no despreciable suma de $2.638’132. 320.oo. ¡Que pecado!
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