El diario El País de España hace un par de días publicó un artículo titulado “La Pandemia examina el federalismo alemán y el centralismo francés”. Con valiosa información sobre las decisiones de las dos más poderosas potencias europeas, señala las diferencias en materia de procedimientos y soluciones a los problemas en medio de la crisis de la pandemia y, obviamente, compara las cifras de contagios y muertes en ambas naciones, para concluir de manera ponderada que el sistema federal de gobierno alemán ha resultado más eficiente para combatir el COVID-19, a pesar de la exigencia de mayores niveles de coordinación entre la canciller Merkel y los 17 lander. Más recursos e infraestructura en salud pública, más desarrollo científico en las regiones y la posibilidad de tomar decisiones diferenciadas en los estados, son algunas de las razones para el relativo éxito de los germanos, al menos comparativamente con sus vecinos italianos, españoles y franceses.
Se trata de una discusión válida para el caso colombiano en el que lamentablemente, a pesar de la supuesta descentralización contemplada en la Constitución del 91, aún hoy padecemos una organización del estado excesivamente centralista como consecuencia de un exacerbado presidencialismo, que ahora en tiempos de crisis y emergencia sanitaria, económica y social, deviene en un autoritarismo peligroso para las instituciones y la separación de poderes tradicional en nuestra democracia.
En Colombia, más allá de la crisis de la pandemia, no hemos sido capaces de avanzar en las autonomías territoriales consagradas en la constitución del 91. Los alcaldes y gobernadores dependen en un alto grado del gobierno central y la debilidad fiscal de los territorios, además de las enormes diferencias económicas y sociales entre ellos, hace que las decisiones fundamentales para la gente en los territorios se tomen desde Bogotá, sin ninguna consideración con las regiones y su ciudadanía. Si ello es así en tiempos normales, durante esta tremenda catástrofe global el problema se acentúo.
Desde el comienzo de esta crisis hace más de seis semanas pudimos ver en acción el asfixiante centralismo y hoy seguimos en las mismas. El gobierno en forma inconsulta, sin ninguna coordinación, expidió el decreto 444 y echó mano de 15 billones de pesos de regalías y pensiones territoriales que pertenecen a departamentos y municipios, sin que ellos pudieran siquiera opinar sobre su destino. Las decisiones de confinamiento, que por fortuna han sido acertadas, las toma el gobierno central sin ninguna clase de coordinación, más allá de la alcaldesa de Bogotá que se ha lucido durante la crisis y se ha anticipado en momentos claves. La focalización de las ayudas sociales a los pobres y vulnerables se hace desde un despacho de Planeación Nacional en Bogotá, desconociendo que son los alcaldes quienes conocen al detalle sus comunidades. La situación de la red hospitalaria fuera de las dos o tres principales capitales es deplorable y hasta el día de hoy los hospitales en las regiones no reciben un solo peso. Para no hablar de las graves deficiencias en materia de pruebas y laboratorios que aún dependen en gran proporción de Bogotá y el traslado de los tests desde la provincia que toma un largo tiempo. En fin, si antes teníamos la percepción de que todo lo importante para Colombia se resolvía en Bogotá, ahora la situación es mucho más grave.
Y sin coordinación con departamentos y municipios no podremos estar preparados en la red de salud para atender los picos de la pandemia, ni las ayudas llegarán efectivamente a quienes más lo necesitan, como se vio claramente con el desastre en el giro del denominado ingreso solidario, de apenas $160.000 por una sola vez, que no solo llegó a muchos que no lo necesitaban, sino incluso a muertos. Mientras tanto, la debilidad institucional y fiscal de la mayoría de los territorios es evidente, su dependencia de Bogotá cada vez mayor y los riesgos de corrupción crecen como se ha señalado oportunamente por los órganos de control.
Sabemos todos que la corrupción se convirtió en la mayor enemiga de la autonomía territorial en Colombia, pero no podemos continuar presos de ese círculo vicioso. La incompetencia y la ausencia de ética de algunos gobernantes locales no puede ser la excusa para mantener un modelo territorial absurdo, ineficaz y profundamente injusto. Quienes en esta coyuntura se roben los recursos para la salud y los pobres son unos criminales que merecen un castigo ejemplar, pero su consecuencia de perpetuar el centralismo bogotano es negativa para el país. Son lecciones para la etapa post- coronavirus que nos deja esta crisis que apenas comienza. Como señala un reconocido epidemiólogo francés al final del artículo de El País, “las epidemias se ganan sobre el terreno, no en los despachos del ministerio” . Y no solo las epidemias, también las batallas contra la pobreza y la desigualdad que aún tenemos por delante.
