La elección de Abelardo de la Espriella ha traído a los colombianos una sorpresa mayúscula: el destino de la sede presidencial. Nadie imaginó que el nuevo inquilino del poder ejecutivo lo retornaría al histórico Palacio de San Carlos para luego trasladar su despacho principal a Barranquilla.
Enumerar los acontecimientos de este palacio resulta prolijo, pero varios hitos marcan su relevancia histórica. Entre los desconocidos, tenemos: Fue sede de gobierno cuando asumió José Ignacio de Márquez, primer presidente civil. Desde sus oficinas, el presidente José Hilario López sancionó la Ley 2 de 1851, decretando la libertad de todos los esclavos en Colombia a partir del 1 de enero de 1852.
Además, este inmueble soportó los convulsos mandatos de José María Obando y José María Melo. Este último, derrocado por una guerra civil, se exilió en México, se unió al ejército de Benito Juárez y fue fusilado en Chiapas en 1860. Es el único presidente de la Colombia republicana, nacido en estas tierras, cuyos restos permanecen en el extranjero. Peor aún, están extraviados. La escritora Soledad Acosta de Samper, quien vivió y falleció en el inmueble contiguo al Palacio de San Carlos, donde hoy está la Academia Diplomática, registró en su Diario íntimo el día a día del golpe de Melo y la subsiguiente guerra civil.
El fin de San Carlos como sede presidencial llegó en 1908, cuando el general Rafael Reyes Prieto trasladó el gobierno al Palacio de la Carrera (hoy Casa de Nariño) buscando mayor seguridad. Décadas después, el general Gustavo Rojas Pinilla volvería a gobernar temporalmente desde San Carlos. En la remodelación y ampliación que se inauguró en 1980, el palacio de la Carrera no se demolió, sino que se incorporó a la nueva edificación construida sobre la casa natal de Antonio Nariño, contiguo a la carrera Séptima.
A diferencia del Congreso, al cual la Constitución le asigna expresamente su sede en Bogotá, cuando prescribe que "El Congreso tiene su sede en la capital de la República”, el Poder Ejecutivo no tiene un mandato constitucional rígido sobre su ubicación; su permanencia en la capital responde a la tradición centralista.
El presidente De la Espriella busca romper este esquema mediante un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla como capital alterna de Colombia. Si bien la estrategia busca descentralizar el presupuesto y beneficiar a la región Caribe, fijar esta condición en la Carta Política plantea un vacío lógico: ¿Qué pasará cuando el próximo gobernante sea antioqueño, valluno, sucreño o nortesantandereano? ¿Estará obligado a despachar desde el Atlántico? Crear camisas de fuerza constitucionales por un proyecto político coyuntural corre el riesgo de ahogar la misma descentralización que se pretende defender. Si el presidente electo quiere estar “En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente”, bienvenido. Pero ha de entenderse que eso es efímero.
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