Cada diciembre, además de Pastor López, se ponen de moda en Colombia noticias sobre la negociación del salario mínimo que regirá el siguiente año. El resultado de esta negociación tiene efectos muy visibles y reconocidos sobre una parte de la población (lo que se ve) y al mismo tiempo tiene muchas repercusiones sobre otra parte de la población incluso más grande que no son tan visibles ni discutidos (lo que no se ve).
El aumento del salario mínimo es definido por una comisión en la que 3 actores diferentes tienen voz y voto. Por un lado el Gobierno, representado por ministros y el director del DNP. Por otro lado, llevando la voz de las empresas, representantes de los gremios más importantes del país. Finalmente, las intenciones de los trabajadores son lideradas por los sindicatos más representativos.
Los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad terminan siendo celebrados por los beneficiarios directos, principalmente los empleados formales. Sin embargo, siempre pasan de agache los efectos indirectos que este tiene sobre toda la economía y sobre millones de colombianos. Según datos recientes del DANE, de las 22 millones de personas que trabajan en Colombia, 10.5 millones de trabajadores tienen ingresos inferiores a 1 salario mínimo ($1.160.000). Además, el 57% de los ocupados se encuentra en la informalidad. Son la mayoría de nuestro mercado laboral y sin embargo son otros los que toman decisiones por ellos. Decisiones que los perjudican no solo vía inflación sino haciendo más difícil su inserción en la formalidad.
Después del aumento del mínimo de 16% el año anterior, hoy generar un empleo formal le cuesta a una empresa, por todas las arandelas alrededor de la formalidad, $1.9 millones mensuales. Ya tenemos 10.5 millones de personas que no han podido conectar con el mercado laboral formal y ganan menos del mínimo. Cuando los sindicatos ahora piden aumentar 18% el mínimo de entrada a la formalidad, haciendo ilegal contratar por debajo de aproximadamente $2.2 millones en 2024, aumentan las barreras para que millones de colombianos que hoy ganan menos de un mínimo, que están en la informalidad y aparte 2.5 millones que están desempleados (su salario es cero) puedan engancharse en el tren de la formalidad.
Hay suficiente evidencia que muestra que la formalidad permite círculos virtuosos de inversión, capacitación, productividad y protección que terminan redundando en crecimiento tanto para las empresas, los trabajadores y para el mismo Gobierno. Mientras los trabajadores informales siguen sin voz ni voto en conversaciones que los afectan, el Gobierno propone una reforma laboral basada en pliegos sindicales que en vez de reducir las brechas que propician la informalidad las agranda y mientras el presidente desde su visión marxista acusa a los empleadores de esclavistas, siguen sin atenderse los problemas reales del mercado laboral colombiano que impiden a millones de personas tener trabajos formales y terminan forzándolos a crear micronegocios de superviviencia. Como diría Pastor López, vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente.
Adenda: Dentro de las ideas impopulares que poco se discuten pero que mejorarían el mercado laboral y con ello el crecimiento de la economía y los salarios reales, están la implementación de programas de formación pertinente para el trabajo, desligar la financiación del sistema de salud y cajas de compensación del contrato laboral, entender las empresas grandes y medianas como promotores de desarrollo y competitividad, corregir la definición de un salario mínimo que hace ilegal contratar formalmente en Guaramito por debajo de un valor definido con sindicalistas en Bogotá y empezar a legislar entendiendo que el tejido empresarial colombiano hoy se parece poco al señor Burns de Los Simpsons y mucho al taller satélite de Antonia Santos.
