Finalizaba el viernes 18 de octubre de 2019, sin que nadie predijera que sería una jornada que cambiaría -de alguna manera- la historia política contemporánea de Chile, no siendo pocos quienes afirman que recién ese día se inicia el fin de la transición hacia la democracia. ¿Por qué esta interpretación?
Además de los hechos delincuenciales y reprochables ocurridos aquella tarde, con la destrucción de muchos bienes públicos (particularmente el Metro de Santiago) como privados, generándose un número grande de contusos, heridos e incluso fallecidos, se inició un período que perduró por varias semanas, en las que las manifestaciones pacíficas algunas y violentas otras, condujeron a que a mediados de noviembre de igual año se acordara llamar a un proceso constituyente para reformar la carta magna impuesta en 1980 en dictadura.
Válido es preguntarse, ¿por qué demoró tantos años para que las diversas fuerzas políticas se pusieran de acuerdo y así se pudiera llamar a una constituyente? ¿O debía producirse un estallido social de las magnitudes del que se produjo para que ello ocurriera? Si la pregunta es válida lo es más su respuesta, porque la historia de los países y de sus procesos político-sociales se escriben de diversas formas y circunstancias. Pareciera a la luz de lo que está aconteciendo que la respuesta es sí.
En Chile, se implementó en dictadura y a raja tabla un modelo del más amplio libre mercado, en donde el conocido “laissez faire” o emprendimiento privado era el que se incentivaba y protegía, mientras la subsidiaridad del estado se daba en áreas en las que la inversión no era rentable. En teoría ello se lee y suena bien, pero en la vida real la falta de normas y de cortapisas llevó a que el capital buscara réditos y ganancias máximas, sin importar mayormente el cómo. Fue así, como se descubrieron alianzas turbias para acordar precios, perjudicando ostensiblemente al consumidor, y destruyendo el principio del libre mercado.
Se privatizó la salud, ocurriendo igual cosa con la educación. Chile se enorgullecía, por tener una red de salud pública de buen nivel. Se cuentan por miles, los profesionales de los más diversos países de Latinoamérica que hicieron sus estudios o especializaciones universitarias en Chile. La educación superior que era gratuita dejó de serlo y consiguientemente se creó un sistema de créditos para los universitarios, con tasas de interés usureras que han llevado a que muchas familias estén endeudadas por décadas para poder pagar las abultadas deudas.
Y como si todo ello no fuera suficiente, se privatizó la seguridad social, creándose un sistema de capitalización individual, que prometía que con la mitad del aporte anterior a la reforma se obtendrían pensiones equivalentes al 75% del último sueldo. Y, sin aporte patronal o del empleador. Ha sido tan estruendoso el fracaso del modelo, que desde a lo menos 10 años, se vienen generando manifestaciones multitudinarias de mayores, mujeres y hombres que al cumplir sus edades de jubilarse empezaron a recibir miserables montos mensuales.
Todo lo descrito, más una penetración abismante del narcotráfico, en paralelo a lo cual han irrumpido focos de corrupción en el mundo público y privado, que sin justificar la violencia ocurrida misma que debe ser condenada sin ambigüedades, explica el porqué del estallido social que está cumpliendo dos años.
