Ahora que en el país nuevamente se ha abierto el debate para una nueva reforma a la justicia, una más, después de varios intentos fallidos en los últimos 10 años, volvemos a los errores de siempre: a unas propuestas inútiles que van y vienen, a los discursos, a los debates, a creer que somos capaces de crear un aparato judicial fuerte y eficaz, y pasan los años y nada. Para la muestra un botón. En este momento el fondo de excongresistas le está cobrando al municipio de Arboledas 2.190 millones de pesos para que pague los aportes de un congresista que no aparece ni en Google, de quien nadie tiene noticia en Arboledas, pero a quien le deben esa suma para pagarle su pensión.
Mientras sigan existiendo estos cobros inescrupulosos e inmorales, que hoy colocan al municipio de Arboledas cercano a un embargo, para qué hablamos de justicia. El contexto de la reclamación es el siguiente: hoy en día la pensión de un excongresista es de 25 salarios mínimos, es decir el equivalente a 19 millones quinientos mil pesos que debe estar devengando un ilustre desconocido, Marco Antonio García, quien al parecer trabajó algunos meses en el municipio de Arboledas, y por esa supuesta labor, el municipio debe 2.190 millones de pesos. No se cuál es el presupuesto actual del municipio, ni sus necesidades más apremiantes, pero si hoy en día la justicia permite que a ese ilustre desconocido se le debe esa astronómica suma por una pensión, como dice el dicho, es mejor apagar e irnos.
Hoy en día en Colombia aproximadamente el 70% de los trabajadores no cotizan para pensión, es decir, tienen asegurado el mundo de la pobreza y el infierno para la vejez, y de ese 30% que son pensionados, cerca del 75% tienen una mesada de apenas un salario mínimo. Por supuesto que estos son los casos que indignan a la gente y sobre los cuales esperan que haya justicia. El gran problema de una reforma a la justicia es creer que el ciudadano está interesado en saber si hay o no inmunidad parlamentaria, o si debe existir una o varias cortes. Es posible que el ciudadano común esté de acuerdo con una sola corte pero que sirva, pero que sea eficiente en evitar estos cobros inescrupulosos.
La crisis de la justicia hoy en día es de tal complejidad, que para solo citar un dato de la agencia de defensa jurídica, lo dice todo de los extremos a que hemos llegado: se calcula que hoy en día existen 400.000 demandas en contra del Estado – incluida la del inescrupuloso Marco Antonio García contra el municipio de Arboledas -, que de ser falladas favorablemente, significarían unas condenas cercanas a los 350 billones de pesos. Es decir, actualmente no alcanzaría el presupuesto de la nación para pagar todas las condenas. El lío es grande, los niveles de impunidad son altos, la fiscalía está desbordada, las cárceles están abarrotadas, los jueces reventados de trabajo y en ese contexto, una de las grandes reformas que propone la senadora Paloma Valencia es la inmunidad parlamentaria. Sobra decir que eso a la gente no le importa la inmunidad, o si las cortes tienen o no poder electoral, porque los problemas del día a día que tienen los colombianos son otros.
Estuve tratando de comunicarme con el alcalde de Arboledas infructuosamente, para expresarle que ese cobro es inequitativo, antijurídico y contrario a la constitución, y lo único que falta es que en los próximos días el municipio termine embargado solo para ayudarle a ajustar la pensión a un zángano que nadie da razón de él y cuya mesada debe estar ya en 19 millones de pesos. Un cobro como estos es un insulto no sólo para los habitantes de Arboledas – segundo municipio en Colombia según el Tiempo del viernes más endeudado por estas obligaciones -, sino para el país, y que lo único que ponen en evidencia es la maravilla de país en el que vivimos, y que con esas propuestas que hacen nuestros congresistas para reformar la justicia, mejor dicho, son hasta más coherentes las de Maduro allí al otro lado de la frontera.
