Continuaré la reflexión de la semana pasada sobre la gestión de la amenaza sísmica que pende sobre el Área Metropolitana de Cúcuta, proponiéndoles estimar el porcentaje de las edificaciones que no cumplen con normas básicas de sismorresistencia y que seguramente sufrirán graves daños o colapsarán cuando suframos un terremoto.

Lo que viene enseguida es una estimación especulativa, pero justificada por la dificultad para encontrar datos precisos, que solo tendremos cuando el catastro multipropósito haya recaudado información de todos los predios de la ciudad, estando hoy limitado a unas pocas comunas.

En junio de 1984, el año siguiente al terremoto de Popayán, se expidió la primera Ley que hizo obligatorio construir con base en criterios de sismorresistencia. Consideremos entonces que, salvo casos excepcionales, las edificaciones anteriores a 1985 no son sismorresistentes.

No debe entenderse que las posteriores a 1984 si lo sean, teniendo en cuenta que en Cúcuta la mayor parte de las edificaciones no han sido objeto de licenciamiento, sino de procesos de ocupación informal de la tierra. Es el caso de al menos 65% de nuestros barrios. Para simplificar las cuentas, y siendo optimistas, digamos que desde 1985 la mitad de las nuevas edificaciones de la ciudad son sismorresistentes y no lo son la otra mitad.

Luego, consideremos que la población del municipio de Cúcuta pasó de cerca de 400.000 habitantes a mediados de los 80, a cerca de 800.000 en la actualidad. Un par de constructores activos profesionalmente desde esa época coinciden en que, tomando en consideración el aumento de la población y el patrón típico de crecimiento de las ciudades intermedias colombianas, donde la expansión urbana ha sido muy notable justamente desde los años 80, es razonable pensar que más o menos la mitad de las edificaciones de Cúcuta son posteriores a 1985.

Si tenemos en cuenta el catastro de usuarios del servicio de acueducto, aproximadamente 220.000, que es inferior al número total de unidades residenciales porque muchas de ellas están en zonas de alto riesgo y no tienen conexión individual, podemos considerar que hay aproximadamente unas 250.000 casas, la mitad de ellas anteriores a 1985 y, de la mitad restante, solo la mitad, una cuarta parte del total, edificadas en barrios debidamente licenciados.

La fórmula muy simplificada para estimar qué tantas edificaciones pueden soportar un sismo muy fuerte en Cúcuta nos dice que todo lo anterior a 1985 no es sismorresistente, y solamente la mitad de lo construido desde entonces sí lo es, luego de 250.000 unidades residenciales de la ciudad, 125.000 no son sismorresistentes por ser anteriores a la norma de 1984; de las 125.000 restantes solo la mitad, 62.500 son sismorresistentes puesto que tuvieron licenciamiento en la oficina de planeación o en las curadurías urbanas donde se garantizó el cumplimiento de las normas de construcción y la estabilidad de sus terrenos. Por lo tanto, el número de unidades residenciales que no cumplen normas de sismorresistencia es, más o menos, 187.500, que corresponde a 75% de la ciudad.

Insisto en que esta es una conclusión especulativa que me gustaría confrontar con cifras habidas en mejores fuentes, pero importa tenerla presente porque si algo necesita una ciudad como Cúcuta, y otras que soportan igual amenaza sísmica, es lo que en Italia llamaron “Sismabonus”, un incentivo fiscal creado después de un fuerte terremoto en 2009, y que permitió a los propietarios descontar de sus impuestos los dineros invertidos en recuperar y reforzar estructuralmente los edificios privados, asunto que será objeto de una próxima reflexión que le plantearé a los constructores de la ciudad.

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