La pelea de Venezuela con la Organización de los Estados Americanos (OEA), se remonta a finales del siglo pasado con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia del vecino país. Durante su mandato siempre mantuvo en su agenda la creación de una organización para reemplazarla, con el argumento de lograr una mayor independencia de Estados Unidos.
Tras incansable trabajo logró la creación de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), fundada en diciembre de 2004 en la Habana. Luego se propuso darle vida a la Sociedad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hasta lograrlo en diciembre de 2011 en la Cumbre Caracas. Actualmente la integran 33 países, entre los que se encuentra Colombia. Chávez, además, mantuvo en su pensamiento durante su mandato la puesta en circulación de una moneda única para la región, el sucre.
Pero con la muerte del comandante, la caída del precio internacional del petróleo, la baja en los ingresos monetarios y el incremento de la deuda internacional, el poder de la República Bolivariana fue disminuyendo hasta desaparecer su liderazgo internacional. Ahora, en medio de la pobreza, hiperinflación, devaluación, estanflación, recesión e inseguridad, su gobierno lucha por evitar la salida de la organización a la que ha considerado ineficiente, además de su enemiga.
Sin embargo, habrá quienes estén de acuerdo con la ineficiencia de la OEA, pues ante tantos insultos y ofensas de parte de la “diplomática” Delcy Rodríguez contra los miembros que han expresado su desacuerdo con las arbitrariedades emprendidas por el gobierno contra la oposición en Venezuela, no ha habido un sentido rechazo con una acción ejemplarizante.
¿Será que el atropello a la democracia asestado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el apoyo del Gobierno, de declarar en desacato a la Asamblea Nacional y asumir sus funciones, era la gota que faltaba para rebosar la copa? Todo parece indicar que sí, pues además del rechazo interno reflejado en las manifestaciones en varias ciudades, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, manifestó su desacuerdo con el Gobierno y el TSJ por considerar que se está cometiendo un atropello contra la constitución.
Con el transcurrir del tiempo, se van conociendo las notas de rechazo por parte de mandatarios de países de todas partes del mundo encabezados por Estados Unidos, Unión Europea y Perú. Ahora solo falta esperar.