Después de 40 días de protestas, la ciudadanía empieza a sentir desasosiego, por los bloqueos y los actos vandálicos de los infiltrados. Y el foco de atención deja los problemas estructurales, que son muy graves, para caer mediáticamente en superficialidad.
En medio de semejante crisis, aparecen titulares inflados, verbigracia, que se han recuperado tres millones de empleos desde mayo de 2020, y que Colombia crecerá al 6% en 2021, según predicciones de la OCDE. Asimismo, otros sofismas parcelan la problemática. Algunos piensan que teniendo un Congreso de 50 miembros o acabándolo, se supera todo; olvidan el sentido de la democracia, o desconocen que, en otros sistemas, los ministros provienen del parlamento, en donde han servido 15 o 20 años. Otros toman la corrupción, que es gravísima y hay que erradicarla, como calvario del país; esa urgente tarea tiene que complementarse con puntos estructurales, como una justa distribución de la tierra rural, la abolición del mercantilismo educativo, la recuperación del carbón del Cerrejón y otros recursos, y la disminución gradual de la deuda externa. Más aún, parte de la derecha ve en las protestas la película venezolana, en lugar de entender que el país tiene que cambiar. Como algunos afirman, es esa derecha obtusa la que puede elegir una izquierda radical.
Pero del lado promotor del paro también sobresalen las inconsistencias, comenzando por la inviable petición de cosas que sobrepasan los 80 billones de pesos; y el lavado de manos, o no control de los actos vandálicos. A ratos se dice que su financiación proviene del narcotráfico, en respuesta al eventual glifosato; a veces, que tiene origen venezolano, como si a los vecinos les sobrara dinero; o, que el apoyo deriva de fuerzas combinadas. Sea lo que fuere, rechazamos enérgicamente el vandalismo, pero sin desconocer los gravísimos problemas del país, ni menospreciar la protesta ciudadana. La sensatez obliga a separar las cosas.
El gobierno Duque no ha entendido este momento crítico. La tardanza para un diálogo democrático se ha convertido en obstáculo. Los pocos intentos muestran dos partes sin grandeza nacional, en un pulso cuyos movimientos no llegan a la esencia de los problemas. El gobierno debiera ser tan contundente en rechazar los excesos de la Fuerza Pública, y descartar la militarización y conmoción interior, como enérgico el comité del paro para condenar el vandalismo y levantar cuanto antes los bloqueos. Y entonces sí, dialogar a profundidad, con el comité del paro y otros sectores.
No necesitamos una Asamblea Constituyente ni tampoco cambios sustanciales a la Constitución. Basta su aplicación cabal, siguiendo sus directrices económicas de socialdemocracia, que conducen a ese Estado Social de Derecho que predica, y no al modelo neoliberal que nos han impuesto, y explica en parte la situación del país. Se requieren sí, modificaciones sectoriales, verbigracia, para rediseñar el acceso al poder político, y las ramas ejecutiva y legislativa; el aparato judicial, hoy generador de impunidad; los sistemas de educación y salud, que no pueden continuar bajo el mercantilismo; el manejo de los recursos naturales, que se ha dejado a las multinacionales; y, el sistema tributario, para sembrar justicia distributiva, entre otras. Muchos de estos cambios pueden alcanzarse por vía legal, con voluntad política, haciendo prevalecer el interés general.
Un país con semejante riqueza en climas, que puede darse dos cosechas al año, a diferencia de otros que por el invierno tienen una, no puede estar importando 12 millones de toneladas de alimentos cada año, o sea el 30% de lo que consumimos. La naturaleza nos ha dado lo mejor de sus recursos hídricos y minerales, y no podemos malgastarlos. Ni qué decir del capital humano, con el 39,6% por debajo de los 24 años. A esa juventud debemos entregarle un mejor país.
Parodiando a Gandhi diría: “Colombia tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos sus hijos, pero no la avaricia de cada uno”.
