El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente y el centro del país el pasado lunes nos recordó, una vez más, que la dinámica del planeta es tan impredecible como la política y la economía. Así, la segunda semana de agosto de 2026 queda marcada por un complejo panorama macroeconómico, atravesado por los ajustes monetarios del Banco de la República, la volatilidad cambiaria y un evento de fuerza mayor que trastoca severamente las finanzas públicas. En el centro del debate nacional confluyen la respuesta estatal ante la emergencia, el comportamiento del dólar y la rigidez del crédito.
A esta compleja coyuntura se le suma el momento político: al gobierno de Abelardo de la Espriella le tocó asumir la crisis a escasos días de iniciar su mandato. Heredar unas arcas fiscales apretadas y, al cuarto día de gestión, enfrentar una emergencia de esta magnitud no es tarea fácil. Sin embargo, en lugar de remar hacia un mismo objetivo, la oposición ha preferido acentuar la confrontación. Más inclinada a la trinchera que a la tregua, parte de la dirigencia política ha optado por alimentar la crispación, demostrando que en el país la discordia suele pesar más que la solidaridad.
De acuerdo con el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el balance provisional deja 3.975 personas heridas, 379 desaparecidas, más de 86.000 viviendas destruidas o con graves fallas estructurales, 140 edificios colapsados y más de 135.000 personas afectadas en 15 municipios. Ante semejante parálisis en el tejido social y productivo del Eje Cafetero y el Valle del Cauca, el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Como plan de choque, el Ejecutivo anunció la creación del «Fondo Milagro», diseñado para canalizar recursos nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de infraestructura vial, vivienda y centros de salud. A la par, se activaron líneas de crédito de contingencia con la banca multilateral, entre ellas una con el Banco Mundial por hasta US$450 millones, para atenuar el golpe fiscal inmediato. En materia de cooperación externa, Estados Unidos destinó una partida inicial de US$15,5 millones para refugio y alimentación, Emiratos Árabes Unidos aportó US$10 millones, y se sumaron donaciones privadas gestionadas en el Congreso Empresarial de la ANDI, junto con ayuda humanitaria enviada por países como El Salvador, India, Ecuador y México.
Las cifras no mienten: levantar las regiones afectadas superará los $20 billones de pesos, cerca del 1% del PIB. Con un déficit fiscal severo y una polarización política constante, el país enfrenta la difícil prueba de reajustar el presupuesto nacional sin asfixiar la reactivación económica. Esto transcurre en medio de un mercado cambiario incierto —marcado por una clara tendencia a la baja del dólar en la última semana, que da un respiro temporal a las importaciones— y bajo la presión de altas tasas de interés que desestimulan el crédito privado.
Reconstruir lo destruido jamás ha sido una tarea sencilla. Las crisis no piden permiso ni respetan calendarios, pero es sobre los escombros donde las naciones verdaderas distinguen a los verdaderos estadistas de los simples espectadores de la tragedia.
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