A la ausencia de destreza política para oxigenar su legitimidad, lograr consensos y sacar adelante las reformas sociales, el gobierno del presidente Petro le ha sumado una equívoca conducción político estratégica de la “paz total” y la política de seguridad. Conducción de la que es responsable con el concurso del ministro de Defensa y el Comisionado de Paz.

Desde la ruptura oficial de la coalición con otras corrientes políticas en abril de 2023, el Gobierno parece haber optado progresivamente por la intransigencia y la actitud desafiante en el manejo de la agenda legislativa.

Este ha sido el caso de su insistencia en reformar la salud y del anuncio presidencial de subir a cuatro salarios mínimos el umbral de los aportes al pilar público del sistema pensional, inmediatamente después de que la reforma había pasado raspando en plenaria del senado. El hecho es que la combinación de la derrota por la caída de la reforma de la salud con el escándalo de la UNGRD podría haber puesto fin a la capacidad del gobierno para hacer avanzar su agenda legislativa. De ahí que haya intensificado sus oscilaciones discursivas respecto al poder “constituyente” puesto que el “constituido”, exceptuando su bancada en el congreso, se quedó sin incentivos, incluyendo los corruptos, gracias al escándalo de la UNGRD, cuyo probable “eslabón perdido” sigue encabezando la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De otra parte, el “qué” de la “paz total”, se percibe cada vez más vacío de contenido debido a que el “cómo” ha sido no solo equívoco, sino también torpe empezando por aquel 31 de diciembre del 2022 cuando decidió declarar unilateralmente el cese al fuego. Lo cierto es que desde ese entonces Petro ha seguido tomando decisiones incoherentes, como, por ejemplo, en algunos discursos hablar de la codicia narcotraficante como motor de lucha de todos los grupos armados, pero al mismo tiempo otorgar el tratamiento del autodenominado E.M.C y la autodenominada “nueva Marquetalia” como guerrillas “revolucionarias” y del Eln como una especie de guerrilla paradigmática que cada vez que cede en algo le hace un favor al gobierno. Todo lo cual ha servido para que el “clan del golfo” recupere su “causa antiguerrillera”, hasta el punto de pretender hacerse sentir en Bogotá.

En fin, ha sido tal el descalabro en la conducción político estratégica del gobierno, que dichos grupos se sienten tan “empoderados” que en distintos momentos han manifestado que solo “dejan las armas” cuando las transformaciones sociales que “exigen” se realicen. Aún más, a juzgar por la última aparición de Iván Márquez, consideran que serían una fuerza política decisiva para la convocatoria de una Constituyente.

Y como si lo anterior fuera poco, la última genialidad político estratégica del presidente salió a relucir en su discurso durante la posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual insinuó incapacidad de la JEP para llegar a verdades judiciales y del mismo estado colombiano para cumplir con los acuerdos del Colón: “nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir… Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras";.

En otras palabras, se va a autodenunciar como un jefe de Estado incapaz de hacer cumplir la mayoría de los compromisos del acuerdo del teatro Colón que caen en cabeza del Gobierno Nacional.

Esto quiere decir que si Petro efectivamente se autodenuncia en la ONU entraría en un terreno de arenas movedizas, porque al decir que el Estado no quiere cumplir con los acuerdos, dejaría muy mal parado el proceso con las otrora Farc, pero también la confianza frente a procesos futuros, dándole así un espaldarazo a la pretensión de las organizaciones armadas de no abandonar las armas sino hasta que vean realizadas las transformaciones sociales que exigen.

¿El presidente piensa para hablar? O ¿habla para pensar?

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