Es bueno recordar varios conceptos de la organización política del Estado porque a los gobernantes no se les transfiere la propiedad un país para hacer lo que les venga en gana.
Empecemos por el concepto de “mandatario” quien es el encargado de cumplir lo que le indica el “mandante” es decir, la sociedad que lo elige. Un Presidente de la República es un funcionario que está obligado a cumplir la Constitución y las Leyes de la República como cualquier ciudadano, pero con una adición fundamental, que sólo puede hacer aquello para lo cual lo autoriza la ley.
Si bien es cierto que el sistema colombiano confiere amplios poderes al Presidente existen, sin embargo, limitaciones contenidas en las normas del Derecho Público: Es el Congreso el que estudia y somete a aprobación los proyectos de Actos legislativos, leyes y reformas a las normas vigentes. Además, la Corte Constitucional tiene la facultad de examinar la constitucionalidad de determinadas leyes expedidas por el Congreso de la República.
La Rama Jurisdiccional de Poder Público es autónoma y, aunque debe actuar en colaboración con las otras ramas, no está sometida a la autoridad presidencial y sus pronunciamientos deben ser acatados por todos los funcionarios. El no acatamiento de sus decisiones puede acarrear sanciones.
Se puede afirmar, entonces, que la actuación del primer mandatario está sometida tanto a la normativa vigente como la voluntad popular que es el origen de su poder.
Sobre este último concepto debemos acudir a las cifras oficiales de la autoridad electoral que le otorgó el triunfo al candidato Gustavo Petro en las elecciones de junio de 2022. El total de potenciales electores era de 39.002.239 y el total de votos contabilizados fue de 22.658.693 lo que indica que 16.343.545 colombianos no acudieron a las urnas electorales.
Por su parte, del total de votos contabilizados el candidato Petro obtuvo un porcentaje mayoritario de 50.44%, que evidencia que casi la mitad de los ciudadanos no respaldaron sus propuestas de campaña.
Con todo esto quiero puntualizar que, aunque reconocemos la legitimidad de la elección del presidente, podemos exigir que se consulte a la opinión general del país porque él es gobernante de todos los colombianos y quisiéramos saber cuáles son las reformas que se quieren implantar y que afectarán a cada uno de nosotros.
Mantener en la clandestinidad el proyecto de reforma a la salud es síntoma de una peligrosa idea que parece provenir de la obsesión ideológica de quienes han copado los cargos del ministerio de ramo desplazando al personal técnico que venía laborando, y que fue atropellado laboralmente. En otros campos de la administración nacional parece que el procedimiento es el mismo, lo que deja muchas dudas sobre su conveniencia y claridad de propósitos. Hay muchas regiones del país destrozadas por el invierno; paros que inmovilizan a numerosas comunidades; ataques criminales que no cesan; asesinatos de todos los días a líderes sociales, policías y bandidos, y parece que ello no tuviera la atención prioritaria del gobierno que tanto se exigía a los anteriores mandatarios.
ramirezperez2000@yahoo.com.mx
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
