El derecho de propiedad es la garantía legal que tiene toda persona de ser dueña de sus cosas. Esto significa que podemos usar los bienes, disfrutarlos y decidir qué hacer con ellos, como venderlos o dejarlos en herencia. En palabras sencillas, lo que consigues con tu esfuerzo te pertenece y nadie puede quitártelo sin una razón justa y legal.
En Venezuela, este derecho está protegido por el artículo 115 de la Constitución de 1999. Esta norma asegura que todos los ciudadanos pueden usar, disfrutar y disponer libremente de sus bienes. Aunque la ley protege al dueño, también establece excepciones.
El Estado solo puede expropiar, es decir, quitarle un bien privado a su dueño, si cumple con tres condiciones obligatorias: el bien debe servir para algo que beneficie a todos, como construir una escuela o una autopista; debe existir una decisión legal y definitiva tomada por un tribunal y el Estado debe pagarle al dueño el valor real de su propiedad y hacerlo a tiempo. Es decir, indemnizar. Además, el artículo 116 prohíbe confiscar bienes, excepto en casos muy graves como delitos de corrupción o narcotráfico. Sin embargo, en décadas pasadas, el gobierno de turno ignoró estas reglas constitucionales y reemplazó los procesos legales por una orden directa y autoritaria en plena calle: "¡Exprópiese!".
Como resultado, el Estado tomó el control de cientos de fincas, fábricas y comercios. Con el tiempo, la falta de inversión y de mantenimiento provocó que muchas de estas empresas dejaran de producir, cerraran o quedaran en ruinas.
Hoy en día, ante la urgencia de levantar la economía, el país vive un cambio de rumbo. Según reportan varios medios de comunicación, la presidenta encargada ordenó revisar las empresas que están en manos del Estado para devolverlas a sus dueños originales o entregarlas a inversionistas privados. Durante estos anuncios, el gobierno ha vuelto a destacar que la propiedad privada es un derecho garantizado por la Constitución.
Son varias las empresas a devolver, la mayoría de los sectores de alimentos e industria que podrían entrar en este plan de recuperación. El proceso funcionará en dos pasos: primero, se les ofrecerán las empresas a sus dueños originales para que las recuperen y las pongan a trabajar de nuevo; segundo, si los antiguos dueños no pueden o no quieren asumir esa inversión, las empresas saldrán a subasta para que otros empresarios privados las compren.
En resumen, Venezuela atraviesa una importante etapa de rectificación económica. Este proceso se basa en volver a respetar la Constitución, específicamente al reafirmar el mandato del artículo 115 e iniciar la devolución de empresas al sector productivo.
Como resultado, se busca generar un clima de confianza que permita recuperar el empleo y reactivar la producción nacional mediante el apoyo directo al trabajo y la inversión privada. Recientemente manifesté sobre el esfuerzo de gente de empresa tratando de revivir la economía en San Antonio: empresarios como Indover Sayago Jaimes, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Industria y Producción de San Antonio del Táchira, y Ghermán Alexis Balza Medina, abogado, exparlamentario, empresario y dirigente gremial fronterizo son sus abanderados. Todo esto es una excelente noticia.
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