Escribo esto el 19 de junio de 2026, dos días antes de que Colombia vote en segunda vuelta. El 21 de junio el país elige presidente. Varias de las encuestas conocidas hasta ahora dan ventaja al candidato de la oposición, así que, si nada extraordinario ocurre, el día en que se publica esta columna, el 22 de junio, todo apunta a que el ganador será él.

El 7 de agosto, ese ganador será investido. Entre esas dos fechas hay cuarenta y siete días de transición, en los que el país tendrá, al mismo tiempo, un mandatario saliente con sus poderes formales intactos y un sucesor que todavía no los ostenta.

Esa diferencia temporal responde a un rasgo deliberado del sistema presidencial, que separa el momento de la decisión popular del de la entrega del mando, para que el empalme sea ordenado y no un traspaso instantáneo y caótico. Esa separación abre también una zona de ambigüedad en la que el poder formal y el poder real dejan de coincidir. El presidente electo tiene un poder que ningún decreto le da ni le puede quitar, el del fervor popular que acaba de llevarlo a ganar.

El saliente conserva la firma y el sello, pero los ejerce desgastado, vigilado de cerca por el Congreso y los organismos de control, sin la legitimidad fresca de una elección reciente. Quien gobierna en estas semanas ya no puede comprometer el futuro con sus decisiones, porque el futuro ya tiene un representante legítimo elegido por las urnas. Solo puede administrar el presente, sabiendo que ya no responderá ante las urnas, sino ante la historia.

No todos los gobiernos en esa posición se han comportado como debían. James Buchanan, presidente saliente de Estados Unidos en 1860, vio a varios estados del sur anunciar su separación de la Unión apenas se conoció el triunfo de Lincoln. Mientras esos estados tomaban fuertes y arsenales federales, su secretario de Guerra ordenó trasladar armas y municiones desde el norte hacia el sur. Buchanan no lo impidió. Tampoco reforzó las guarniciones amenazadas ni retiró las tropas que todavía podía mover. Le entregó a su sucesor un país que se estaba partiendo en dos. La diferencia entre un estadista y un populista en retirada se mide en lo que hace, o deja de hacer, mientras todavía conserva el poder formal.

Algunos exfuncionarios del gobierno colombiano que inicia ahora su proceso de empalme ya anticiparon, antes de la elección, qué actitud tomarían ante una fractura semejante. Dos de ellos, ya retirados de sus cargos públicos, advirtieron que el país se incendiaría si su candidato perdía.

Esa advertencia tiene, sin embargo, menos fuerza que la de 2021. El Tribunal Superior de Bogotá estableció, en sentencia de 2024, que buena parte de los disturbios de la llamada primera línea no fueron espontáneos, sino una estrategia coordinada con un grupo guerrillero. Los principales responsables, identificados y condenados a penas de hasta 19 años de prisión, ya están tras las rejas. La estrategia de la primera línea no funcionará esta vez. Quienes la organizaron entonces conocen el costo judicial de repetirla.

El presidente cuyo período concluye por vencimiento constitucional deberá entregar los asuntos de su cargo con lealtad institucional, así su sucesor venga de una corriente política distinta. Los funcionarios que no lo hagan conforme a la ley, que no den explicaciones ni rindan cuentas, podrán incurrir en faltas disciplinarias que ningún discurso de confrontación logrará evitarles después. La nueva administración, mientras tanto, deberá usar ese mismo proceso de entrega para reunir con rigor la información que necesita para empezar a gobernar.

Los retos que esperan al gobierno entrante son inmensos. Pero hay un alivio en medio de tantos focos que requieren atención. Buena parte de las decisiones que en los últimos años retaron a la institucionalidad colombiana se corrigen con las mismas herramientas con que se impusieron. Frente al “exprópiese” que en otras geografías borró la propiedad privada de un plumazo, Colombia conserva la posibilidad de un “deróguese” que devuelve las cosas a su lugar dentro del marco que la ley prevé.

El verdadero reto del nuevo gobierno es modesto en apariencia, aunque el que termina lo haya olvidado durante cuatro años. Le corresponde gobernar con lealtad constitucional, respetar la división de poderes y encarnar, por fin, la unidad nacional.

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