Existe un persistente y peligroso vicio en el diseño de las políticas públicas: creer que la realidad se moldea con la fuerza de los buenos deseos. Algunos intelectuales y los caudillos mesiánicos suelen compartir una misma ceguera, una soberbia que les impide ver que los seres humanos responden a incentivos reales, no a las utopías de un decreto.

El problema radica en que este romanticismo es altamente contagioso. En las urnas, los ciudadanos —movidos por la empatía o la frustración— suelen dejarse seducir por discursos bienintencionados, eligiendo proyectos que prometen el paraíso, pero que, al ignorar la naturaleza humana y el pragmatismo de la calle, terminan agravando los problemas que juraron solucionar.

La historia universal está inundada de estos monumentos a la ingenuidad colectiva. El ejemplo más caricaturesco ocurrió en la India colonial, cuando las autoridades decidieron acabar con una plaga de cobras ofreciendo una recompensa por cada ejemplar capturado. El anuncio fue aplaudido por la población, pero la gente pronto vio una oportunidad de negocio y empezó a criar cobras en sus casas para cobrar el botín. Cuando el gobierno canceló el fallido subsidio, los ciudadanos soltaron los nidos familiares, dejando la ciudad con el triple de reptiles que al principio.

Lo propio ocurre cuando las mayorías apoyan recetas que intentan desafiar las leyes más básicas del mercado. En Nueva York hace 80 años, bajo el aplauso popular de garantizar viviendas asequibles, se impuso un control estricto a los precios de los arrendamientos. La bofetada de la realidad no tardó en llegar: ante la imposibilidad de rentabilizar sus propiedades, los dueños dejaron de invertir en el mantenimiento de los edificios y los constructores paralizaron nuevos proyectos. La oferta se desplomó, los barrios se deterioraron y el entusiasmo de los inquilinos se transformó en una crisis de escasez severa.

Quizás el fracaso moral más rotundo de esta ingeniería social fue la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de los años veinte, una medida impulsada por un electorado que buscaba purificar la salud pública y erradicar la violencia. No obstante, el consumo simplemente se mudó a la clandestinidad. La ley destruyó empleos legales, pero creó y financió el crimen organizado moderno, pavimentando el camino para personajes como Al Capone. El deseo ciudadano de un país más sano terminó disparando los homicidios y la corrupción a niveles históricos.

Lamentablemente, Colombia es hoy el laboratorio de un experimento igual de soberbio y respaldado en su momento por millones de votos ilusionados: la denominada "Paz Total" del presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda. Con una retórica cargada de amor abstracto, el Ejecutivo asumió —y le hizo creer a su electorado— que la simple voluntad pacífica desarmaría a los violentos. La respuesta de los grupos ilegales ha sido una lección brutal de realismo. Al debilitar el accionar de la Fuerza Pública e imponer ceses al fuego unilaterales, el Gobierno les otorgó un espacio de oxígeno inigualable.

Los datos actuales son contundentes: lejos de la pacificación, el país experimenta un fortalecimiento de estructuras criminales. El homicidio, el secuestro y las extorsiones se han disparado en las regiones, mientras que los actos terroristas volvieron a tomar la agenda diaria. Al igual que con las cobras de Delhi, los incentivos de la Paz Total terminaron multiplicando la violencia. Queda la lección para el futuro: cuando el electorado premia la supuesta buena intención por encima de los hechos, termina siendo cómplice de su propio retroceso. La soberbia ideológica volvió a pavimentar el camino hacia el infierno.

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