Con las últimas objeciones a proyectos de ley que beneficiaban a los pensionados y las madres comunitarias, el presidente Santos está reafirmando su posición de dirigente insensible a las necesidades del pueblo colombiano.

Primero, fue la objeción al proyecto ya aprobado en la Cámara de Representantes que lograba disminuir el porcentaje que se descuenta por concepto de salud a los pensionados.

Del 12%  se pasaba al 4% en un claro acto de justicia. Porque, si bien es cierto cuando se ha tenido una vida laboral por más de 30 – 40 años los empleados pagan el 4% y el 8% lo asume el empleador, también lo es que al pensionarse cesa una vinculación contractual y por lo tanto el pensionado no tendría que asumir ese 8% ya que no constituye empresa.

Hay que tener claro que el empleado ha cancelado de su salario una porción de ese dinero para su pensión; lo que significa que a lo largo de toda su vida laboral ha ahorrado para ese fin.

Pero, el señor presidente con todo el poder ejecutivo a su favor objeta tajantemente esta determinación del legislativo en una clara demostración de indiferencia, de frialdad ante los problemas económicos de la clase trabajadora.

La otra objeción, más reciente, es la vinculación de las madres comunitarias como servidoras públicas.

Desde el año 1972 surgió el programa hacia la atención de la población infantil en barrios periféricos. Se denominaron Centros Comunitarios para la Infancia, auspiciados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pero disfrazados con la participación de organizaciones no gubernamentales que le ha permitido al ICBF evadir los derechos legales del trabajador en un claro y descarado caso de tercerización de vinculación laboral.

Esta modalidad que ha hecho carrera en muchas empresas perjudica al trabajador y beneficia al empleador porque le permite evadir compromisos laborales o disminuirlos.

La situación de las madres comunitarias se pretendía aliviar mediante la contratación de más de 55.405 señoras que desde hace años se hallan en esa situación.

El ejecutivo, en cabeza del señor presidente, consideró que la vinculación de estas señoras representaba una grave erogación del presupuesto, y como la contratación requiere $ 800.000 millones adicionales,   esto iba en contravía de lo consagrado en la ley 617 de 200 que establece la racionalización del gasto público nacional.

Hoy, con dichas objeciones, resulta apenas lógico que el gobierno cuide el manejo del presupuesto. Uno ajustado a sus interés grupales o como se dice coloquialmente “para la mermelada” “para la repartición” ““para la coima”, para imponer sus deseos como seria financiar en un 100% las campañas políticas .En fin para disfrute de unos pocos y el sufrimiento de millones de colombianos.