El presidente Duque anunció el regreso del glifosato y, sin demora, la presidente de la Corte Constitucional le “recordó” que las condiciones de 2017 continuaban vigentes; y ante el pedido de flexibilizarlas, respondió tajante que ya estaban escritas, como quien dice, que “lo escrito, escrito está”, para que el Gobierno no se haga ilusiones en la revisión de la sentencia. 

Yo le diría que sobra el tono de “advertencia”, porque el presidente, respetuoso de las instituciones, no ha olvidado las condiciones, y si hace el anuncio es porque, a pesar de su complejidad, tiene listos los seis protocolos para entregarlos al Consejo Nacional de Estupefacientes, que decidió la suspensión en 2015 y debe resolver la solicitud de reanudación. 

Como el tema volvió a la palestra, revisé la narrativa del glifosato como enemigo de la salud y la naturaleza, según la cual Santos suspendió la aspersión por “los efectos adversos en la salud humana”. Primera mentira –o media verdad–, pues esos efectos “no están probados en humanos”, como precisa la clasificación de “probablemente carcinogénico” en la que quedó el glifosato, con productos como los gases automotores que inhalamos, y actividades como ¡peluquería! y destilación petrolera. 

La segunda mentira es que “la salud” fue la causa de la decisión de Santos. La aspersión aérea  se suspendió en Putumayo en 2013 por exigencia de Correa, en Catatumbo por exigencia de Maduro y en todo el país por exigencia de las Farc en las negociaciones. Otra cosa es que el informe de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer haya caído “como anillo al dedo” en 2015 para justificar la suspensión. 

La tercera –media verdad– es el efecto ambiental, que lo tiene, pero  muy claro se lo dijo el presidente a “The Guardian”: Si los que se dicen ambientalistas fueran coherentes,  entenderían que, frente al riesgo controlado del glifosato, es mucho mayor el daño por la producción de cocaína, que destruye bosques y esparce químicos sin control en áreas protegidas y fuentes de agua. 

¿Qué tenemos? De una parte, un país con 200.000 hectáreas de coca; una sociedad consumidora; violencia rural por la guerra por cultivos y rutas; inseguridad urbana por microtráfico y drogadicción; corrupción institucional y una economía distorsionada y amenazada por la descertificación. 

De otra parte, un falso dilema ético de blanco o negro. Mejor la “Teoría de la ponderación”, que defendió el presidente en la Corte. Poner en la balanza los derechos en conflicto, los de todos los colombianos y, entre ellos, los de  policías y soldados asesinados o lisiados en la erradicación manual. 

Hay que ponderar el riesgo bajo de usar glifosato controlado, frente a la amenaza de la devastación incontrolada de la coca, con gravísimas consecuencias sociales, económicas y políticas. La amenaza de un país fallido.