Hay retos en la vida de los países democráticos que dependiendo como los enfrentan acaban definiendo su historia. Un ejemplo es Venezuela y la elección de Chávez. Ya sabemos como salió eso. O Brasil y la destitución de Dilma Rousseff, aun no sabemos como va a terminar este proceso. Y otro, Gran Bretaña y la Segunda Guerra Mundial, sin duda el momento estelar de los ingleses en defensa de la democracia.

Colombia y nuestro sistema político tiene que tomar decisiones que sin duda definirán si somos a futuro un país de instituciones o una democracia de papel. Parece un poco dramático este escenario pero la verdad los temas que abordarán en los próximos meses el Congreso, la Corte Constitucional y el Ejecutivo son de tal envergadura que de la forma y el fondo como lo hagan dependerá la fortaleza o debilidad institucional a mediano y largo plazo.

Cuando se analiza la toma de decisiones en las democracias sólidas del mundo los precedentes judiciales, los constreñimientos legales y hasta las formas institucionales son muy importantes por una simple razón: genera estabilidad. Uno no ve a Estados Unidos, a Gran Bretaña o a Alemania cambiando las reglas de juego institucionales y mucho menos constitucionales para resolver un problema.

En nuestro continente, y obvio en nuestro país, no hay problema que supuestamente no se resuelva sin una reforma constitucional o a través, como ha sucedido aquí tantas veces, de una decisión judicial que sin el menor reparo o justificación cambia las reglas de juego.

Lo que hoy Colombia enfrenta institucionalmente es de mucha más profundidad. Es el de la preservación del balance entre los poderes públicos, es el del acatamiento de la decisión soberana de los ciudadanos, es el del papel del Congreso y su capacidad de debatir y transformar leyes de hondo calado. Y es el del respeto del Ejecutivo de las órbitas institucionales de las diferentes ramas del poder público.

Lo primero que tiene que definir la Corte Constitucional es el papel del constituyente primario que tomó una decisión el pasado dos de octubre y que el gobierno interpretó como le dio la gana. ¿Aprobará la refrendación del acuerdo de paz a través de una moción del Congreso? ¿Utilizará un argumento falaz para dejar vivo el procedimiento del fast track legislativo y desconocer la decisión de los ciudadanos? ¿Modulara alguna de estas decisiones para permitir la implementación del Acuerdo pero con todas las garantías del debate democrático?

El Congreso de la República también tendrá, dependiendo de las decisiones de la Corte, una responsabilidad mayor: garantizar el libre debate político y la formación de coaliciones para mejorar el acuerdo donde sea mejorable. La aplanadora de mayorías compradas con la corrupción de la mermelada que ha sida la práctica en estos últimos seis años es lo peor que le puede pasar a la legitimidad del Acuerdo de Paz firmado por el presidente Santos y las Farc.

Finalmente, está el papel del Ejecutivo que abusó de sus poderes durante estos seis años, que dio poco ejemplo de fair-play en el plebiscito, que trató de descalificar políticamente la votación popular y que al final se pasó por la galleta, como se dice popularmente, el resultado electoral. ¿Va a aceitar la máquina para arrasar en el Congreso? ¿Tendrá moderación y talante democrático? ¿Respetará las decisiones del Congreso y de la Corte pues ya en el caso del plebiscito no lo hizo frente a una sentencia judicial?

Puede que el Gobierno se salga con la suya como ha sucedido hasta ahora. O mejor como dice el Presidente Santos “haga lo que le da la gana” con el proceso de refrendación e implementación del Acuerdo de paz. Pero debilita la democracia y abre las puertas para en el futuro todo tipo de abuso institucional.

Ojalá la Corte de ejemplo y ponga freno a la aplanadora institucional de Santos. Y ojalá el Congreso entienda que el sol ya está a las espaldas de Santos y lo mejor para la democracia es estar a la altura de ese debate histórico.

Muchos ojalá, tristemente, para esta democracia. Ojalá este equivocado.