La Fiscalía anunció que solicitará la preclusión del caso por fraude procesal y soborno de testigos contra Álvaro Uribe. Significa que el Fiscal del caso llegó a la conclusión de que no hay mérito para sostener la acusación contra Uribe y que en consecuencia debe terminarse el proceso penal.
El anuncio no da ni para tirar voladores ni para rasgarse las vestiduras. Quien toma la decisión de precluir no es el Fiscal sino la jueza Carmen Helena Ortiz, a quien ayer le correspondió por sorteo el estudio del caso, y la decisión que ella tome podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Aún así, el anuncio levantó una polvareda. Iván Cepeda anunció que demandará al fiscal Jaimes por prevaricato porque “ha fungido de facto, como abogado defensor de Uribe”. Eduardo Montealegre, en una declaración de profunda ignorancia, agregó que el caso llegaría a la Corte Penal Internacional CPI. La CPI solo tiene competencia sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, de manera que no hay forma alguna de que investigue eventuales delitos de soborno o fraude, delitos que no son en ninguna parte crímenes internacionales.
Montealegre agregó, sin mostrar ninguna prueba, que el Fiscal General “sigue las instrucciones desde el Ubérrimo” y que quien “da las órdenes es el exsenador”. Barbosa será cualquier cosa menos uribista. Para constatar su distancia con Uribe basta con mirar este resumen de La Silla Vacía: “antes de llegar al Gobierno, defendía abiertamente las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y la entonces guerrilla de las Farc. De hecho, nunca escondió que votó por el ‘Sí’ en el Plebiscito y ha dicho que la JEP tiene un buen diseño institucional. Incluso, se postuló para ser magistrado de esa justicia transicional”. Las distancias son evidentes.
Así que la acusación por prevaricato y la descalificación que hacen de la Fiscalía Cepeda y Montealegre, sin conocerse los motivos de la solicitud de preclusión, no solo demuestran que prejuzgan sino que prueban el ánimo político que los mueve. Ocurre que la Fiscalía no ha dicho ni una palabra de los motivos y pruebas con base en los cuales pedirá la preclusión. Solo los conoceremos cuando se haga la audiencia respectiva.
El odio al ex Presidente es relativamente nuevo en Montealegre. “También fue cercano a Uribe: sonó para integrar la terna a Fiscal en 2009 porque era parte de los abogados más cercanos al entonces presidente”. Lo de Cepeda es viejo y estratégico. Responde al afán de la izquierda radical, violenta y criminal de sacar a como dé lugar del juego a Uribe, quien los derrotó una y otra vez en el campo de batalla y en las urnas y, si les fuera posible, encarcelarlo.
La verdad es que la Fiscalía está haciendo lo que la Suprema se negó a hacer: verificar la veracidad de lo dicho por Monsalve, supuesto testigo “estrella”, y por otros a los que la Corte no permitió contra interrogar, recibir nuevos testimonios y practicar otras pruebas que había pedido la defensa y habían sido negadas, averiguar sobre los vínculos entre Monsalve y Cepeda, en fin, hacer la tarea de investigar con seriedad, objetividad y a fondo los hechos que se alegan y valorarlos en su integridad.
Ahora, apuesto a que la reacción de Cepeda y Montealegre tiene también otra motivación: el miedo y, en consecuencia, el afán de desprestigiar a quien seguramente terminará acusándolos por eventuales conductas criminales, por sobornar testigos y alteración de pruebas en el caso del primero y por el montaje del hacker al segundo.
