La reciente “Operación Bonifaz” en España, por parte de la Guardia Civil, puso nuevamente al descubierto una aterradora realidad que hemos intentado esconder debajo del tapete: la explotación de mujeres que son engañadas y atrapadas por redes internacionales de trata de personas.

Veintidós mujeres víctimas, la mayoría colombianas, de una red que captaba a sus víctimas en Latinoamérica corrieron esta vez con suerte tras ser liberadas de una organización que las mantenía bajo condiciones de explotación sexual en distintas provincias españolas.

 El titular que reportaron los corresponsales desde Europa fue escasamente noticia de tercera plana en Colombia, diluido en medio de los eternos e interminables escándalos políticos que consumen el día a día de la agenda nacional.

El método que utilizan esas mafias opera mediante un engranaje internacional perfectamente estructurado. Aprovechan la necesidad de jóvenes sin oportunidades y de bajos recursos, y las engañan bajo la promesa de un futuro mejor en el exterior, con trabajos que no existen en realidad. Una vez las jóvenes muerden el anzuelo, estos traficantes las enredan en sus redes. Les prometen trabajos dignos y bien pagados, consiguen pasaportes, pagan los pasajes y viáticos, y les garantizan un futuro para ellas y sus familias.

Las ilusionan con un cuento de hadas en la tierra prometida. ¿Quién podría resistirse a semejante oferta? Al llegar a su destino, empieza la pesadilla. Los traficantes las amenazan con una deuda de 10 mil euros, les quitan sus pasaportes, las incomunican y las encierran como esclavas sexuales.

 En la “Operación Bonifaz”, estas 22 mujeres pudieron ser rescatadas, un desenlace con el que no corren muchas otras mujeres que permanecen atrapadas en algún lugar del mundo, separadas de sus familias y obligadas a prostituirse, víctimas de estas mafias internacionales de trata de personas.

 Este delito multimillonario, al que no se le dedican tantos titulares, forma parte de un negocio criminal que genera cerca de 236.000 millones de dólares al año en beneficios ilegales derivados del trabajo forzoso en el mundo, de los cuales el 73 % corresponde a la explotación sexual comercial forzada, según un informe de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

No podemos seguir normalizando estas historias. Es nuestra obligación darles visibilidad. Las autoridades deben redoblar esfuerzos y llegar al fondo de estas fallas estructurales que permiten que los reclutadores sigan operando en la cara de todos y con la complicidad de muchos.

Gracias a la denuncia de una valiente mujer que logró escapar de las garras de esos criminales, las autoridades españolas pudieron realizar el operativo y rescatar a las 22 víctimas. Sin su valentía, tal vez sus familias jamás habrían sabido qué suerte habían corrido.

Pero ¿sabemos realmente cuántas mujeres más permanecen atrapadas en las redes de estas mafias? ¿Tenemos que esperar a que otra víctima arriesgue su vida para evidenciar una realidad que sucede ante la mirada de todos? Porque lo cierto es que este negocio no trafica con mercancías, trafica con seres humanos a los que les arrebatan la libertad, la dignidad y los sueños. Ninguna mujer tiene precio.

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