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El riesgo de violencia electoral en Norte de Santander
Si se comparan los años 2017 y 2021, es posible observar que los homicidios en el departamento aumentaron en un 14%.
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Miércoles, 23 de Febrero de 2022

Vienen días difíciles. La Alerta Temprana 04 de 2022 de la Defensoría del Pueblo elaboró un Mapa Nacional de Riesgo Electoral donde advierte que en Norte de Santander hay veinticuatro municipios en riesgo de violencia. Ocho de esos municipios tienen un riesgo extremo: El Tarra, San Calixto, Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, Tibú y Cúcuta. Eso significa que existe alta probabilidad o inminencia de graves hechos de violencia contra la población involucrada en las próximas jornadas electorales.

Un dato relevante para entender el contexto planteado por la Alerta Temprana es el incremento de los homicidios en el departamento, pues la violencia de los grupos armados ilegales tiende a aumentar en las épocas previas a las elecciones de Presidencia y Congreso. Por ello, si se comparan los años 2017 y 2021, es posible observar que los homicidios en el departamento aumentaron en un 14%. Norte de Santander es muestra de que las estrategias de seguridad nacional y ciudadana para la frontera no tuvieron la eficacia que se esperaba.

Al tener en cuenta que en la jornada electoral del mes de marzo se elegirán las curules que representarán a las organizaciones de víctimas en el Congreso y que en la región del Catatumbo se elegirá una de estas curules, el riesgo es mayor. Todo esto porque en los municipios donde se podrá votar existe un riesgo extremo o alto de violencia, por las dificultades que implica realizar campaña electoral en zonas que controlan diferentes grupos ilegales y porque existe un riesgo de revictimización. Basta recordar que las disidencias del Frente 33 de las FARC publicaron un comunicado a comienzos de este año en el que aseguraban que había ciertas candidaturas políticas de las que se debía desconfiar.

Por último, municipios ubicados al sur del departamento (Ragonvalia, Herrán y Chitagá) también presentan riesgos. La diferencia es que allí la violencia no se manifiesta en hechos masivos de vulneraciones, sino en lo que la Defensoría del Pueblo llama un lento y continuo proceso de silenciamiento de la representatividad social. Por esto, allí se duplican las dificultades, pues, por un lado, se van diezmando los liderazgos sociales y, por otro, lo que allí ocurre difícilmente llame la atención de las autoridades nacionales y departamentales. 

Lo que pasa en Norte de Santander también se refleja en la mitad de Colombia. Algo no se está haciendo bien cuando 24 municipios del departamento presentan riesgo electoral. Algo no se hizo bien cuando 521 municipios del país presentan algún tipo de riesgo de violencia en el marco del ejercicio político.

Por lo pronto, la Gobernación de Norte de Santander tiene el deber de realizar el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, a fin de evaluar la situación particular en la que se encuentran los integrantes de los movimientos políticos y coordinar a las diferentes instituciones para garantizar las próximas jornadas electorales. Sin embargo, por los hechos ocurridos en las últimas semanas y como lo advierten constantemente los grupos armados ilegales, parece ser que seguirán siendo días difíciles.

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