Hay geografías que no se limitan a separar; la nuestra, por el contrario, siempre ha sabido unir. Si miramos más allá del asfalto de los puentes internacionales o de las formalidades de las cancillerías, descubrimos que la verdadera historia de la frontera colombo-venezolana está escrita con el pulso cotidiano de su gente. Entre el Estado Táchira y el Departamento Norte de Santander, el río Táchira no ha sido jamás una simple línea divisoria trazada en un mapa: es nuestra raíz común, el hilo conductor de nuestra subsistencia y el testigo silencioso de una diplomacia vecinal que nació de la necesidad y se sostuvo sobre la palabra empeñada.
Para comprender la magnitud de este lazo histórico, debemos retroceder hasta el año 1834. En aquel entonces, ante el crecimiento de las labores agrícolas en ambas riberas y sin que mediara la intervención de los gobiernos centrales de Caracas o Bogotá, las fuerzas vivas de San Antonio del Táchira y la vecina Villa del Rosario dieron una lección magistral de madurez cívica. Crearon un insólito e inquebrantable Tribunal de Aguas Internacionales para regular el uso y servicio del caudaloso torrente.
El sistema era un prodigio de equidad comunitaria: ocho días de riego y consumo para el lado venezolano y ocho días para el lado colombiano. El tribunal estaba compuesto por siete integrantes —tres de cada nación—, mientras que el séptimo miembro se elegía por sorteo para un período de siete años, con una presidencia que rotaba alternativamente cada año. Lo más fascinante de este mecanismo es que nunca dependió del papel firmado; se sostenía íntegramente sobre la palabra empeñada de los agricultores. Sus reuniones cuatrimestrales en días festivos resolvían disputas de manera inapelable, demostrando que la integración subregional subcoordinada por sus propios habitantes siempre ha sabido encontrar caminos de entendimiento.
Con el paso de las décadas, los métodos de administración evolucionaron. En 1931, el intercambio hídrico se reestructuró mediante un reglamento civil de dieciocho artículos dictado por la Jefatura Civil de San Antonio, bajo la firma de Agustín Guerrero. Se ratificó el esquema de los ocho y ocho días, subdividiendo la cuota venezolana en cuatro jornadas para San Antonio y cuatro para Ureña. Aquellos campos que hoy forman parte de nuestra toponimia tradicional —como Novilleros, Sabana Potrera, La Guaimarala, La Centenera y La Zapatera en suelo sanantoniense, o La Moyanera, La Zambranera, La Carmelitera y La Albariquera en tierras ureñenses— vivieron bajo este ordenamiento que garantizaba la paz productiva de los fundos.
Sin embargo, la historia de nuestro principal afluente también conoce de advertencias desoídas y de la incomprensión del centralismo. En el año 2002, durante mi desempeño como Diputado al parlamento tachirense, impulsé la creación de un fondo de recursos y una Fundación Río Táchira orientada a su saneamiento y preservación. Realizamos mesas técnicas con especialistas, pero la confrontación política y el celo diplomático de las cancillerías —que reservaban este asunto como un coto exclusivo de la alta política— nos frenaron el paso.
Un año después, en 2003, tuve la oportunidad de sobrevolar el cauce gracias al valioso apoyo del Destacamento Regional de la Guardia Nacional. El recorrido aéreo, desde San Antonio hasta su mismo nacimiento en el páramo El Tama, me dejó una profunda preocupación: atestigüé la tala indiscriminada, la falta de dragado y cómo algunas fincas, especialmente en el municipio Junín, vertían los desechos del procesamiento del café directamente en las aguas, amenazando nuestra única fuente hídrica. Aquel esfuerzo legislativo por cuidar nuestra casa común concluyó abruptamente con un llamado de atención de la Cancillería venezolana, demostrando una vez más cuán divorciadas han estado las estructuras de poder de las realidades de la frontera viva.
Hoy, cuando recorremos con nostalgia y compromiso nuestra historia local, el mensaje sigue siendo el mismo. El río Táchira nos reclama una mirada de rescate urgente. Las fronteras que verdaderamente importan no se edifican con concreto, sino con la conciencia de proteger lo nuestro. Es hora de recuperar el espíritu de aquel viejo tribunal de aguas y entender que la salvación y el cuido de nuestro caudal no vendrán de oficinas lejanas, sino del compromiso irrenunciable de quienes habitamos este suelo bendito.
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