Es indispensable profundizar en la confesión de Juan Fernando Petro de que el Pacto de la Picota es una realidad.

En abril del 22, él y Danilo Rueda, en ese momento coordinador nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, visitaron a parapolíticos y corruptos en La Picota. “Los internos consultados aseguran que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos” y sobre el “perdón social” que ofrecía Gustavo Petro. Se supo también que Piedad Córdoba habría ofrecido en el pabellón de extraditables que, de quedar Petro presidente, no serían extraditados. Más tarde se filtró un video en el que Roy Barreras contaba que hubo “visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables de dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición”.

En otro país hubiera sido suficiente para que la candidatura de izquierda colapsarla y para iniciar procesos judiciales contra los responsables. Acá no pasó nada y Petro terminó en Casa de Nariño.

Las conversaciones en las cárceles no fueron iniciativas individuales y lo que ofrecieron a los criminales no fue fruto de su inventiva. Coinciden de fondo con los planteamientos hechos por Petro en campaña. Condicionó la extradición, atacó sin piedad la extradición de Otoniel y ofreció públicamente «perdón social» a los delincuentes y «una JEP para el narcotráfico» con «beneficios jurídicos» para los mafiosos. En Ciénaga, después de que se supiera de las visitas a las cárceles, invitó a “los paracos [a] que vengan aquí porque tendrán una segunda oportunidad”.

También las acciones del gobierno han ido en la dirección de lo que se acordó en las cárceles. Petro nombró a Rueda como alto comisionado para la paz, de manera que garantiza que la política de paz esté en la vía de lo conversado en las cárceles y que se cumpla lo pactado. Después, las decisiones y propuestas del gobierno han ido sin excepción en esa dirección. Petro abrió negociaciones con grupos estrictamente mafiosos, solicitó la suspensión de órdenes de captura y la libertad de un par de decenas de narcos, incluso algunos extraditables, y les ha ofrecido que se queden con parte de sus sangrientas fortunas.

En enero de este año, la Fiscalía abrió noticia criminal de oficio contra Juan Fernando Petro por solicitar y recibir dinero de criminales a cambio de beneficios ofrecidos por el gobierno.

Lo cierto, es que la estrategia combinada de ofertas públicas de Petro y de conversaciones en las cárceles funcionó: no solo los jefes del Eln y las Farc declararon su apoyo a Petro, sino que hay certeza de que mafiosos puros como Siopas, heredero de Otoniel, dieron la orden de votar por Petro en sus áreas de influencia. Se sabe que al menos un mafioso entregó dinero al primogénito presidencial para la campaña. Y que en los municipios de más narcocultivos y con mayor presencia de grupos armados ilegales, Petro ganó en primera y segunda vuelta.

Ahora Juan Fernando Petro confiesa que el triunfo de su hermano se debió al apoyo recibido desde las cárceles a cambio de no extraditar a los bandidos, incluirlos entre los beneficiarios de los programas de paz del gobierno, y permitirles quedarse con parte de la fortuna. Exactamente lo que su hermano ha propuesto estando ya en el gobierno. Aunque algunas iniciativas no haya podido sacarlas adelante, por oposición del Fiscal y o porque el Congreso no las ha apoyado, Petro les ha cumplido. La discusión de cuántos votos aportaron desde las cárceles es anodina. Los hechos y la confesión muestran que el Pacto fue una realidad. Una elección ilegitima y un gobierno que favorece a los criminales que lo apoyaron para ser electo.

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