Me aparto de aquellos que han pretendido hacer motivo de alegres festejos la firma del cese del fuego con el Eln. No es mucho lo que se puede decir, aparte de que esta agrupación guerrillera sale muy fortalecida de este. El Gobierno se ha comprometido una vez más a no perseguirlos en cualquier parte del territorio nacional, incluidas las grandes ciudades, e incluso a suspender cualquier labor de inteligencia. 

Y por el lado del Eln, nada de nada. Se acordó un cese del fuego a la medida de sus necesidades, es decir, muy distinto al cese improvisado y fallido del mes de diciembre. En todo caso, no un cese de hostilidades como el país hubiera esperado. Por lo tanto, continuarán las agresiones a la sociedad civil, los secuestros, las extorsiones, los atentados a la infraestructura y, por supuesto, todas las actividades relativas al negocio del narcotráfico. En todo esto podrán seguir actuando a sus anchas, como lo hicieron esta semana al secuestrar a Jenifer Arboleda, esposa de un teniente, y al conductor del vehículo en Arauquita. Porque está claro que nada se ha pactado en relación con el financiamiento de las actividades del grupo insurgente, como bien lo ha advertido ‘Pablo Beltrán’ en su calidad de negociador. 

Y como a las cosas hay que llamarlas por su nombre, lo que creo es que al Eln le tiene sin cuidado esto del cese del fuego y sobre todo la amenaza de ser perseguidos por la Fuerza Pública. Al respecto vale la pena recordar las palabras de Petro cuando amenazó con pedir a Venezuela una mayor coordinación para enfrentarlos, porque la realidad es que en el país vecino se encuentran muy bien protegidos sus mandos y cuadros principales. 

De lo verdaderamente relevante nada se ha dicho, y son muchos los interrogantes que van quedando en el camino. Comencemos por decir que, a diferencia del proceso con las Farc, aquí nadie sabe qué es lo que se va a negociar. Lo que sí se sabe es que este grupo no tiene pretensión de integrarse a la vida civil, ni hacerse elegir con sus propuestas de cambio en el escenario democrático, ni siquiera hacer entrega de las armas. 

Entonces los cambios estructurales en lo político, económico y social, en los que no tengo duda coinciden Petro y la dirigencia del Eln, tendrán que ser discutidos y aprobados en otros escenarios de participación de la sociedad civil. ¿Serán esos los que Petro llama Asambleas Populares? ¿Será el Gran Consejo Nacional? ¿Una especie de asamblea nacional constituyente espuria? ¿Se convocará un plebiscito o estará prevista la participación del Congreso de la República a través de una ley o acto legislativo? Nada se sabe, pero la preocupación es enorme sobre el mecanismo para refrendarlos. 

¿Será que el Gobierno está pensando, ante el fracaso de su agenda legislativa, que los diálogos con el Eln se pueden convertir en el camino para hacer aprobar su paquete de reformas? No me extrañaría, pues con este grupo la consigna es que cada acuerdo, desde que esté firmado por las partes, ya adquiere fuerza vinculante y, me imagino, no solo entre las comisiones negociadoras sino frente al país. Es pertinente recordar que en los pasados diálogos con el Eln, en Quito, este grupo insistió en que las consultas con la sociedad civil son vinculantes. Esta idea también la ha usado Petro con ocasión de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y en sus dos provocadores balconazos. 

Tengo la convicción de que con el Eln no se adelantará ninguna negociación de fondo. Lo que se intentará pactar será el sometimiento de la nación colombiana a la voluntad coincidente de este grupo armado y del Pacto Histórico sobre el futuro del país. Por eso Petro anunció en campaña que esta negociación duraría dos meses, pero, no satisfecho con este primer fracaso, ahora vuelve a decir que en 2025 todo estará concluido. Más tardó en decirlo que ‘Antonio García’ en desmentirlo, al afirmar que en 2025 la guerra no habrá terminado y que el fin del conflicto ni siquiera se ha abordado en la mesa. 

La sola imagen del presidente Petro junto a su colega Antonio García decidiendo por sí y ante sí la suerte de 50 millones de colombianos bajo la mirada cómplice del señor Díaz-Canel tiene que ser suficiente para que exijamos claridad y transparencia en todo este proceso y ante todo que cualquier reforma sea aprobada en democracia, como lo ordena la Constitución Nacional.

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