El Gobierno Nacional expidió un Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos con una duración de 10 años, como un acto humanitario con el que se beneficiarán más de un millón ochocientos mil inmigrantes (según datos de Migración Colombia) que actualmente se encuentran en Colombia.
Esa decisión fue aplaudida por varios organismos internacionales, incluso por el Papa Francisco, y calificada como histórica y sin precedentes en la defensa y protección de los Derechos Humanos.
No sabemos quién le copió a quién, pues el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la presentación de una reglamentación similar al Congreso de su país, pero no se conoce aún cuál será la suerte que correrá esa propuesta en el legislativo de la unión americana, después del estudio y debate que en él se haga, sobre la conveniencia y las consecuencias que podría traer un estatuto con ese alcance.
En Colombia, la decisión, al parecer, la tomó el presidente Duque, sin consultar con nadie, ni siquiera con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, como hubiese sido lo más prudente.
Y no es que, per sé, yo rechace el estatuto que está dirigido a proteger al millón ochocientos mil venezolanos que, buscando subsistir, se han visto obligados a abandonar a su país por cuenta de las nefastas decisiones que, en todo orden, adopta la dictadura de Maduro, pero es necesario mencionar que con la expedición del estatuto, se ha incrementado exponencialmente la llegada de más inmigrantes a Colombia, motivados por los atractivos que encierra obtener la residencia colombiana y el goce de todos los beneficios que ella trae consigo.
No obstante, toda esa generosidad del gobierno colombiano, vale mencionar lo siguiente: mientras que por un lado, el Gobierno Nacional expide un estatuto cuyo alcance en términos de costos desconocemos, pero que estoy seguro de que será altísimo y que para pagarlo seguramente nos propondrán una (¿otra?) reforma tributaria; por otro lado, ese mismo gobierno, no le paga 80 mil millones de pesos que le adeuda al Hospital Erasmo Meoz por los servicios que allí se les prestaron a inmigrantes venezolanos. Si el Gobierno se queja de la falta de capacidad fiscal para atender los compromisos del acuerdo de paz con la FARC que no tenía más de 15.000 hombres, ¿cómo hará para atender integralmente a 1´800.000 inmigrantes? ¿será que no calculó eso?
Podría ser, entonces, que el verdadero propósito del estatuto temporal sea que, a futuro, el Gobierno Nacional quiera quitarse la carga económica que implica la atención de los inmigrantes y trasladársela a las entidades territoriales(bien pobres) como ya se hizo en el gobierno de Samper, cuando el Estado “departamentalizó” la educación y la salud.
De acuerdo con eso y por cuenta del estatuto, la salud, la educación, los subsidios y los demás servicios brindados por el Estado a sus nacionales, serían prestados por las entidades territoriales sin que a ellas se les aumenten las partidas en el Sistema General de Participaciones (arts. 356 y 357 de la C. P.), porque el censo sigue siendo el mismo.
Y como si todo lo anterior fuera poco, la seguridad y el empleo, que en estos momentos muestran índices negativos nunca antes vistos, se verían más impactados por cuenta de la inmigración venezolana que si antes del estatuto veía en Colombia un destino interesante, ahora lo ve como un verdadero paraíso en el que puede resolver todos sus problemas.
Finalmente debo decir que cuesta entender cómo un gobierno que no ha podido solucionar el desempleo y la informalidad de sus nacionales, decida promover la inmigración para agravar el problema. Eso me recuerda el viejo pero sabio adagio que dice así: “luz de la calle y oscuridad de la casa”.
