Las ciudades, como los países, tienen epidemias. Una ciudad puede enfrentar una epidemia causada por un virus respiratorio o por un mosquito. 

Las epidemias, sin embargo, no sólo representan un aumento descontrolado de una enfermedad. Como Medellín o Bogotá en los años noventa, Cúcuta enfrenta una epidemia de homicidios.

Las muertes violentas superan más  del 30 % por cada 100,000 habitantes y esa cifra puede catalogarse como una epidemia de muertes violentas (44 por cada 100,000 habitantes, según el SIEDCO, en 2025 y hoy, probablemente, 35).

Aunque es razonable considerar que la violencia en la ciudad se asocia inmediatamente con la frontera o con el Catatumbo, gran parte de la epidemia homicida en Cúcuta (y su área metropolitana) tiene -muy seguramente- sus propias dinámicas asociadas a la disputa por el control de barrios en donde opera una empresa criminal que se dedica a las rentas ilícitas (no sólo al microtráfico, sino a todo). 

Reportes de La Opinión describen que al menos tres grupos se disputan el control de las rentas ilícitas en la ciudad. Alrededor de ellos, se configura una cadena de pandillas que hacen parte del ecosistema criminal que está detrás de la epidemia homicida: ajustan cuentas, controlan territorios y tienen redes de sicariato.

Frente a la epidemia homicida, la Alcaldía ha dicho que las muertes violentas vienen bajando durante 2026 y en agosto, según la Policía Metropolitana de Cúcuta, se registraron 10 muertes menos que hace un año.

La cifra es alentadora, al tratarse de una reducción del delito que más no debe doler: la muerte de una ciudadano; “la vida es sagrada”, decía Antanas Mockus en la Bogotá violenta de los noventa. Aun así, sigue la epidemia homicida, si seguimos los estándares. 

Cúcuta necesita una política para enfrentar la epidemia de homicidios que enfoque la problemática no sólo desde la lucha contra el crimen organizado, sino que busque, también, bajar los índices de muertes no criminales. 

Las disputas entre bandas explican las muertes violentas por ajuste de cuentas o por control territorial. De hecho, muchas ciudades han enfrentado una dinámica criminal parecida. San Pedro de Sula (Honduras), Recife (Brasil) o Rosario (Argentina), por ejemplo, han logrado reducir las muertes violentas llevando a cabo políticas de seguridad pública enfocadas en tres áreas: patrullaje caliente en zonas de alta mortalidad, desarme en zonas conflictivas e inteligencia estratégica. 

Pero, las muertes violentas no sólo son instrumentales: matar a otro para lograr un fin criminal. Hay, también, homicidios causados por motivos emocionales. La violencia intrafamiliar está en aumento, igual que las muertes causadas por el alcohol y los estupefacientes, lo que implica pensar en políticas que restrinjan el consumo de licor en algunas zonas. 

La epidemia homicida es urgente enfrentarla. No podemos normalizar la muerte como parte cotidiana de nuestra existencia en la ciudad.

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