El presidente Petro con generosidad, ingenuidad e improvisación se jugó desde su primer día de gobierno por La Paz. Su política de paz total buscó el silenciamiento de los fusiles de los distintos grupos armados ilegales, que crecieron geométricamente durante los 4 años de Duque. Partió de la base que era posible sostener varias mesas de negociación simultáneas y paralelas que permitieran la disminución de la intensidad del conflicto en distintas regiones del país y el alivio del drama humanitario de los colombianos que habitan los territorios que habían recuperado tranquilidad y seguridad tras la firma de los acuerdos de paz. Lamentablemente esos avances se comenzaron a perder por la nula implementación del acuerdo con las Farc. El Congreso y la Corte Constitucional avalaron la política de paz total del gobierno nacional pero lamentablemente los grupos ilegales no han respondido a la generosa oferta del estado con una verdadera voluntad de paz.
Cuando se acerca la mitad del periodo presidencial es importante evaluar el resultado de la política y adoptar rectificaciones que permitan recuperar la iniciativa del estado. En primer lugar es esencial para el éxito de cualquier negociación política con estos grupos que se defina una estrategia integral de seguridad. Si no se persigue militarmente en los territorios a quienes persisten en la violencia, no habrá incentivos para que tomen en serio la posibilidad de un acuerdo de paz. Los ceses del fuego bilaterales con el Eln y las disidencias de Iván Mordisco no han arrojado los resultados esperados, porque en muchos de los departamentos se vive más un enfrentamiento entre ellos mismos que contra las fuerzas militares. El balance es desigual y depende mucho de la región que se analice, por el desorden y la federalización de los grupos.
Para nadie es un secreto que en el caso del Eln, por encima de las decisiones del COCE, juegan un papel esencial los comandantes de los frentes nororiental y occidental que tienen posiciones disímiles frente a las negociaciones y persisten en sus actividades criminales, sometiendo a las poblaciones de Arauca y Chocó principalmente a una incertidumbre y zozobra permanente. En esos departamentos aumentan los desplazamientos forzados, los confinamientos y el reclutamiento de menores. En el caso de las disidencias de Iván Mordisco la anarquía es aún más grande y no existen interlocutores confiables para el gobierno con suficiente liderazgo militar y político. El propio Presidente Petro hace unas semanas los calificó con razón de simples “traquetos”. La verdad es que el conflicto cambió en Colombia en las últimas décadas y hoy tenemos jefaturas militares en los territorios sin ninguna formación política ni propósitos “revolucionarios”, dedicados exclusivamente al narcotráfico y la minería ilegal, quienes pretenden ejercer control territorial que les permita exigir un reconocimiento político que no tienen.
El pecado original del gobierno Petro fue precisamente dar ese paso frente a las disidencias, sin siquiera haberse sentado en la mesa. Y si hablamos de la denominada Segunda Marquetalia o el Clan del Golfo la situación es peor, sin luz al final del túnel. Además, no existe marco jurídico definido para esas negociaciones. Por ello es tan importante que en medio de la crisis que viven los distintos procesos y la persistencia de la violencia, se haga un alto en el camino para reflexionar sobre el camino recorrido y hacer ajustes a la denominada paz total. Es claro ya a estas alturas que la ambiciosa meta de llegar a acuerdos con todos los ilegales no se concretará y hay que evaluar tratamientos distintos en cada caso. Persistir en el proceso con el Eln, que más allá de sus complejidades y la soberbia del señor Antonino García es el único con claro origen político. A los demás grupos criminales combatirlos con toda la capacidad y fuerza del estado. Aún estamos a tiempo para que entiendan que la generosidad inicial no significaba debilidad del estado para enfrentarlos. Todos los colombianos aplaudiríamos y apoyaríamos al presidente en esa determinación.
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