Lo que ha sucedido por estos días con la licitación del Ministerio de Tecnologías y telecomunicaciones que tenía como propósito llevar internet a las zonas rurales en el país, la manera como ya se perdieron 70 mil millones, la burla de siempre hacia los más pobres, es una cachetada al país. ¿Para qué celebramos 30 años de la constitución, exaltamos sus derechos y garantía, si con este episodio lo único cierto es que fracasaron las leyes, la moral, la política, un país donde los corruptos tratan de seguir imponiéndose al precio que sea? ¿Porqué los colombianos actuamos así? Desafortunadamente la Constitución del 91 consagró nuevas instituciones, creó una nueva relación entre los poderes, pero a pesar de ello moralmente el país sigue mal.
En alguna ocasión el profesor y columnista del Espectador Mauricio García traía un análisis y se aproximaba a dar una respuesta del porqué el colombiano trata de ser ventajoso en todo, de adelantarse en una fila, de ganar lo indebido, de como sucedió en este caso, de llegar a falsificar unas pólizas como forma de ganar una licitación y lograr sacar hábilmente el dinero del país. Una respuesta que daba el analista era que finalmente se trataba de una secuela del narcotráfico, la cultura que nos dejó. El poder del dinero llevaba a quien se encontraba en esas actividades a creer que no había límites en sus propósitos, autoridades a quien obedecer, leyes a cumplir. Por ello muchos de ellos, y después los paramilitares llegaban a una zona, y compraban tierras a su capricho, incluido el precio: “O me vende por este precio o lo mato”, gran parte de la tragedia de Colombia.
Esa ligereza en la vida pública en el país va lejos. Lo menos que ha pensado la ministra de las telecomunicaciones es renunciar, porque en el derecho la responsabilidad no se puede delegar. Esa licitación que trataba de llevarle internet a 7000 colegios en el país, y más en momentos de pandemia, necesariamente hacía que este era uno de los proyectos más importantes que tenía la Mintic, que debía cuidarse con más sigilo. No era cualquier proyecto. De entrada un ciudadano que ve de lejos esa fechoría, no entiende cómo es posible que en el ministerio no hubieren advertido sobre la falsedad de las pólizas. ¿Dónde estaban los controles para que una entidad gire ligeramente 70 mil millones de pesos cuyo respaldo eran una pólizas falsas? Con este solo hecho se evidencia que desde adentro de la Mintic necesariamente hubo cómplices. Entre tanto la ministra Karen Abudinen, barranquillera de nacimiento, aspira a postularse para la alcaldía de su ciudad a la terminación de este gobierno, y lo mejor del chiste, es que hasta lo logra.
Aquí no tenemos ninguna responsabilidad política sobre los asuntos públicos. En alguna ocasión recuerdo un alcalde de Berlín que renunció a su encargo porque en una obra había demorado un par de meses en entregarla. Que tan lejos estamos de este tipo de responsabilidades en lo público.
Y ahora faltará ver qué sucederá con este episodio judicialmente. Entiendo que el Consorcio Centros Poblados ya encontró una salida jurídica través de una cesión del contrato, en la que no entrega el dinero, no asume ninguna responsabilidad y ahora que ya se declaró la caducidad del contrato, con pólizas falsas, falta ver en qué termina este sainete. En todo caso es indignante que esto suceda en una licitación en la que está por medio la educación de los estudiantes de zonas rurales en el país.
En estos días hubo una condena contra un magistrado de la Corte Suprema por corrupción, el togado Malo de la sala penal. Da la impresión que las leyes en el país carecen de la firmeza que evite que malhechores continúen tratando de lucrase con los dineros públicos. Siguen vigentes las palabras de Echandía: “Colombia es un país de cafres”.
