Los temas relevantes esta semana han sido la consulta anticorrupción que se realiza hoy y la propuesta del senador Álvaro Uribe de otorgar facultades al presidente Iván Duque para aumentar en forma extraordinaria el salario mínimo. 

En ambos casos se discute la conveniencia, los partidarios y contradictores se hacen sentir con sus opiniones. 

El salario mínimo la última vez que se aumentó en forma extraordinaria fue durante el gobierno de Alfonso López en 1977, en esa oportunidad el incremento porcentual alcanzó el 31.5%.

Hoy el salario mínimo está alrededor de los ochocientos mil pesos, luego del incremento de 5.9% con relación al año anterior, valor fijado por decreto luego de no haberse obtenido consenso entre quienes participan de esta decisión: gobierno, sindicatos y empresarios. 

La propuesta del aumento extraordinario hasta ahora es una noticia de la cual solo se conoce su titular, no se sabe la nueva cifra en pesos que estarían devengando los más de 4 millones de trabajadores beneficiarios de esta medida. 

Los sindicatos ven como positiva esta propuesta. Los empresarios no le han puesto reparos, los miembros de la oposición en el Congreso de la República están en su contra y los académicos advierten sobre los efectos secundarios que pueda tener este aumento salarial. 

Este debate apenas comienza y se aduce como argumento en contra la posibilidad que por este concepto se provoque un aumento en la inflación y que el beneficio efectivo no sería disfrutado por los trabajadores. 

De tal forma que la brecha se mantendrá y la desigualdad en los ingresos no habrá forma de reducirla mediante este mecanismo que también ha recibido la calificación de populista. 

Refiriéndonos a esa brecha, tomemos en cuenta que la consulta de este día tiene en su primer punto y tal vez el más atractivo para el público en general, la pretendida reducción del sueldo de los parlamentarios que pasaría de 40 a 25 salarios mínimos vigentes. 

Para este año esa remuneración fue establecida en $31.331.821 y la consulta busca reducirla a $19.531.050, cifra que para muchos todavía sigue siendo alta y marca un abismo grande con el trabajador que recibe el salario mínimo y aspira a mejorar sus ingresos.

En lo que si estamos todos de acuerdo es en que deben existir dientes poderosos para combatir a los corruptos y castigarlos con la debida severidad. 

Transparencia internacional sitúa a Colombia en el puesto 96 entre 180 países con una lánguida calificación de 37 sobre 100, en la percepción de este comportamiento irregular. 

Los funcionarios de todo orden que no enfrentan una investigación durante su gestión o en un periodo posterior al mismo son pocos. El robo y los desfalcos han sido reiterados desde hace mucho entre los servidores públicos y en la mayoría de los casos pasan invictos. 

Si la consulta de hoy ayuda a que se reduzca o acabe el peor de los males que afrontamos, bienvenida sea; porque no podemos seguir pensamos que esa condición de corruptos está inscrita en los genes de los colombianos.