Al conocerse la noticia del retorno a la normalidad tras el acuerdo entre el Gobierno y los líderes del paro cívico, en la mañana del pasado martes el sonido de las sirenas de los bomberos de Buenaventura despertaron a los habitantes del principal Puerto del Pacífico.  Se ponía fin, de esta manera, a 21 días de parálisis y protestas que, según la Cámara de Comercio, dejan una pérdida de  $196.366 millones en el comercio y $35.000 millones en el puerto. 

El acuerdo se logró con el compromiso garantizado del Gobierno de llevar a cabo inversiones por un total de $1.5 billones en los próximos 12 meses. Además, el 20 de julio el ministro del Interior, Guillermo Rivera, llevará al Congreso de la República el proyecto del Fondo de Patrimonio Autónomo, el cual tendrá un régimen privado como un mayor respaldo. Según el DANE, el 66 por ciento de la población bonaverense es pobre.

Antes de este acuerdo, el 27 de mayo se había logrado poner fin al paro cívico del Chocó luego de comprometerse el Gobierno con inversiones por $1.7 billones destinadas a educación, salud, vías y vivienda, principalmente. 

Para seguir con las buenas noticias, el Gobierno y las centrales obreras logaron, luego de 40 horas de negociación, un incremento salarial de 6.75 por ciento para la vigencia 2017, retroactivo al primero de enero, y para 2018 este incremento será igual a la inflación de 2017 más un punto porcentual. Esto beneficia a un millón doscientos mil servidores públicos.

Pero  donde las cosas parecen empeorar cada día es en la negociación maestros-gobierno.  Mientras  los docentes exigen  nivelación salarial, unificación de la jornada y mejoras en su sistema de salud, el presidente Santos les responde: “No podemos ofrecer más, no tenemos recursos”. Y, para el ministro  de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la proliferación de estas protestas es una consecuencia del año electoral y de intereses políticos.

Ante la no satisfacción de las propuestas del Gobierno, los docentes siguen bloqueando calles, vías de acceso a los aeropuertos y carreteras. Las principales líneas aéreas que operan en Colombia se han solidarizado con sus pasajeros, anunciando que el cambio de horario de sus viajes como resultado de estos inconvenientes no tendrán multas.

Esta situación es indudablemente una pesadilla sin fin. Una experiencia demasiado costosa.