El escándalo de ayudas en Holanda deja claro que a pesar de las virtudes históricamente reconocidas en democracias mucho más avanzadas que la nuestra, persiste una problemática cultural: la discriminación. 

La retirada de ayudas a 30.000 familias, muchas de origen inmigrante, entre 2014 y 2019 en Países Bajos demostró que las consignas antiinmigración y la xenofobia permearon el Estado, es decir, no sólo están en las cadenas de Whatsapp y las publicaciones de Facebook de cientos de miles de personas, sino en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas públicas. Gracias a esta agenda antiinmigración, miles de padres fueron señalados de fraude sin motivo, y obligados a devolver en su totalidad los subsidios que hubiesen recibido por parte de las agencias gubernamentales. 

Esta intromisión le costó la dimisión al primer ministro, Mark Rutte, uno de los gestores públicos con mayor reconocimiento en Europa. A pesar de que a las familias acusadas injustamente de estafa se les entregó una compensación de 30.000 euros, adicional a la condonación de la deuda que habían contraído con entidades estatales, el daño está hecho. Por supuesto, una compensación tardía, después de seis o siete años de luchas y estigmatización, es algo lamentable. 

Ojalá en Colombia no nos pase lo mismo y no se refuerce el doble estigma que tienen los migrantes, especialmente, los de origen venezolano. Por un lado, cargan el estigma de traidores que les impuso el gobierno de Maduro por el simple hecho de haber emigrado, y por otro, el estigma de ser tratados como ‘parásitos’ que reciben todas las ayudas y aportes del gobierno, incluso limitando (supuestamente) las posibilidades de acceso de los nacionales. 

En otra columna afirmé que la dignidad de una sociedad se define por cómo cuidamos de nuestros ciudadanos más débiles, y en el contexto de pandemia que vivimos, agregaría que, de los individuos más débiles, sin importar cuál sea su ciudadanía. 

La ineludible gestión del coronavirus incluye a la población migrante plenamente identificada (regular), es decir, incluye a las personas priorizadas según el plan de vacunación, porque es indispensable para lograr inmunidad de rebaño, y lo anterior no debe ser motivo de descontento social o más estigmatización. Así como es una realidad que los apoyos que reciben los migrantes traen beneficios para la sociedad, colectivamente, su inclusión en el plan de vacunación significará un éxito en el control de la pandemia.

Tal vez no haya otro momento mejor que este para reflexionar desapasionadamente sobre las migraciones y sus efectos. 

Un pequeño comentario: Los apoyos en arriendo que se disponen desde las agencias de cooperación internacional, los alimentos que se entregan y las atenciones en salud o educación a población migrante no benefician únicamente a los receptores. Los dueños de las casas que se alquilan, las empresas que venden los paquetes alimenticios y las personas que se emplean para brindar atención a los migrantes son colombianas, la economía que se moviliza alrededor de todos estos subsidios y prestaciones es la nuestra. 

En definitiva, hay que allanar el camino para que el cuidado de los vulnerables (sin importar su nacionalidad) sea una obligación moral también para el ciudadano, y deje de ser vista como una carga para el Estado. Ya es más que suficiente despertar todos los días sintiendo que no se es de aquí ni de allá, como para tener que vivir, adicionalmente, con un doble estigma que no permite estabilizar la vida familiar, económica y comunitaria, y mucho menos ascender en la escalera social.