Las últimas dos semanas han causado escalofrío en la ciudadanía cucuteña por la ola creciente de inseguridad, en particular los atracos y el homicidio mediante sicarios. Aunque los problemas de la ciudad son múltiples, el de la inseguridad representa uno de complejidad mayor, que depende de factores internos y externos, y exige acciones urgentes. Garantizar la vida de los asociados constituye la meta fundamental de cualquier agrupación humana. Todo el Jus Naturalismo, por diferentes que parezcan autores como Locke, Hobbes y Rousseau, descansa en esta tesis. El individuo se asocia primero para protegerse, y en complemento para desarrollar mejor sus facultades. De manera que, mientras no haya convivencia pacífica, cualquier otro mejoramiento social resulta precario y limitado.
La alarmante situación de inseguridad y descomposición se debe, entre otras, a la permisividad institucional acumulada con los años, reflejada en la altísima impunidad. La comunidad ha sido abandonada, al paso que el delincuente ha sido cada vez más protegido por el garantismo penal. El monstruo, que se dejó crecer, acecha y nos sorprende en cualquier esquina.
En nuestro caso, la problemática la agravan las circunstancias del Catatumbo por la violencia narcotraficante, y las formas de criminalidad que surgieron durante el cierre de frontera. Casi el 64% de los homicidios cometidos en lo que va corrido del año tienen alguna relación con lo anterior.
En alguna columna resaltaba que, para recuperar la seguridad de los cucuteños, era menester una estrategia interinstitucional que debería liderar el alcalde, dado que tiene la responsabilidad constitucional de la seguridad a nivel municipal. Lo anterior implica que su relación con la Fuerza Pública debe ser óptima, trátese de la Policía o el Ejército. El ideal es contar con comandantes eficientes y comprometidos en la defensa ciudadana. Las acciones deben ser permanentes, planificadas con inteligencia, de manera que puedan darse golpes anticipados a la delincuencia, con evaluaciones semanales, categorizando delitos, así como las zonas, modalidades y tiempos de ocurrencia. El municipio debería invertir en el mejoramiento logístico: en lugar de tener convenios para policías de tránsito, deberíamos duplicar el número de policías por cada 100 habitantes, pero dedicados exclusivamente a combatir la criminalidad, e invertir también en informática y tecnología digital, carros y motos, cámaras y alarmas interconectadas, control y detección de armas, recompensas, y muchas otras cosas, facilitando el tejido comunitario y la colaboración de la ciudadanía.
Lo anterior demanda eficacia interinstitucional en otros dos aspectos: uno, el Poder Judicial, con sus fiscales, jueces de garantía y CTI, toda vez que la Alcaldía debe construir la mejor relación posible con estos segmentos, haciendo seguimiento constructivo a su dinámica, pues de nada sirve que la Policía capture ladrones u homicidas, si la justicia los libera por cualquier argucia procedimental; dos, dada la condición fronteriza, los gobiernos de Colombia y Venezuela deberían comprometerse a combatir con vehemencia las bandas irregulares que cruzan de un lado a otro.
En síntesis, solo con una estrategia coordinada entre Alcaldía, Fuerza Pública, Poder Judicial, y compromiso binacional es posible recuperar la seguridad ciudadana. Esta tarea también enfrentaría con vehemencia los excesos del garantismo individual, puesto que el procedimiento penal otorga beneficios al delincuente, en virtud de dilaciones y hasta vencimiento de términos. La personería y la procuraduría deberían actuar.
Cúcuta no aguanta más este desequilibrio entre garantías individuales y garantías colectivas. Si este esquema interinstitucional conformado por la Alcaldía, la Fuerza Pública, el Poder Judicial y un compromiso binacional funciona a medias, habría que reflexionar sobre la legítima defensa colectiva, que deriva del instinto de conservación de la sociedad. Confiemos en que, con planes piloto de las autoridades, debidamente zonificados, basados en inteligencia y acción anticipada, se pueda combatir gradualmente la criminalidad. La sociedad sería su complemento organizacional, despertándole solidaridad y compromiso con incentivos, no para ejercitar justicia privada, pero sí para que colabore eficazmente.
La seguridad de los cucuteños es tarea prioritaria.
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