En días pasados la JEP realizó un pronunciamiento titulado “Por la no repetición del conflicto ni cualquiera de sus manifestaciones”. Allí expresa su preocupación por la coyuntura social de violencia y violación de derechos humanos en medio de las jornadas de manifestaciones en el país que iniciaron el pasado 28 de abril.
Dicho texto se suma a la lista de pronunciamientos que se han venido publicando en el marco de las manifestaciones en el país, las cuales tienen un eje principal que es el llamado a la cordura y al diálogo para la resolución de conflictos. Es imprescindible resaltar que el documento denota una propuesta, más bien una sentencia, de llevar a cabo “una reforma profunda a las Fuerzas Armadas” con el acompañamiento de organismos internacionales; aquella propuesta, acompaña otros pronunciamientos de la JEP y se permea a la misma con un manto de desconfianza, poca credibilidad y una cuestionable imparcialidad. Pero, primero debemos analizar el porqué del título que escogí para este texto.
La rama judicial y, particularmente, los jueces incluidos los de la Jurisdicción Especial, se manifiestan únicamente a través de sus providencias, autos y sentencias. cumpliendo con los requisitos legales de investigar, juzgar, sancionar o absolver según sea el caso. Por otro lado, el mandato del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en concreto el de la JEP, está circunscrito constitucionalmente al esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades asociadas de quienes tomaron parte de la confrontación armada, hasta el 1 de diciembre de 2016.
La JEP no está legitimada, por falta de mandato expreso, para dar opiniones de carácter político sobre la realidad actual del país, mucho menos si se basan en información no oficial sobre civiles muertos y dados por desaparecidos. Además, desconoce deliberadamente las graves afectaciones provocadas por el vandalismo desbordado. Un mínimo de sensatez hubiese bastado para reprochar con la misma vehemencia el asesinato y graves atentados contra la vida de policías, por ejemplo, el linchamiento y los intentos por quemarlos vivos, solo por nombrar algunos casos. La vida de estos servidores públicos también merece valorarse y respetarse.
Sumado a lo anterior, el pedido de la JEP a la comunidad internacional para que promueva, o, en términos prácticos, presione una “reforma profunda a las Fuerzas Armadas”, evidencia su exacerbado sesgo político y perversa manera de asumir su rol de juez. Dictó sentencia sin cumplir los principios básicos de investigación previa para verificar los hechos, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el pronunciamiento y haciendo eco a ciertos sectores políticos que pretenden limitar sus capacidades para garantizar la libertad y mantener el orden, han sido declaradas culpables y ahora tienen que someterse a la pena de ser reformadas.
Sin embargo, basta recordar los resultados de la Comisión de la Excelencia Militar, nombrada en el 2019 por el actual gobierno e integrada por ilustres juristas y ex-magistrados, la cual concluyó que los estándares de la Fuerza Pública en términos operacionales estaban alineados con el DIH y los DD.HH. Cabe mencionar que los jueces de la república deben mantener su imparcialidad y neutralidad en sus opiniones públicas, en especial cuando emiten juicios a priori frente a otros organismos gubernamentales que pertenecen al poder ejecutivo.
Finalmente, el artículo 228 de la Constitución Política, dice: “La administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establece la ley y en ella prevalecerá el derecho sustantivo [...]”. Con ese pronunciamiento, la JEP pierde confianza social, sin mencionar que pone en evidencia el prejuicio y la estigmatización sobre la Fuerza Pública dejando en evidencia su falta absoluta de imparcialidad en esa instancia judicial. En pocas palabras, aunque la JEP se vista de seda se le sigue notando la cola.
General (R) Guillermo León León
columnista
