En la carrera global por la digitalización financiera, los mercados emergentes están dejando de ser meros espectadores para convertirse en laboratorios de vanguardia y participar más activamente en el panorama. Desde el éxito masivo de Pix en Brasil hasta el sistema UPI en la India, el Sur Global lidera la democratización del dinero digital. En este mismo contexto, Colombia se ha sumado a esta consolidación gracias a Bre-B, la plataforma de pagos inmediatos del Banco de la República que ya supera los 100 millones de llaves registradas. Sin embargo, detrás de este deslumbrante despliegue tecnológico se esconde una contradicción estructural. Si bien el país cuenta con una de las autopistas financieras más ágiles de la región, su economía real apenas logra avanzar.
Esta desconexión ilustra un fenómeno que desconcierta a analistas a nivel mundial. Mientras la tecnología reduce a cero las fricciones para facilitar las transferencias de dinero entre los ciudadanos, la política monetaria restrictiva, diseñada para combatir la persistencia inflacionaria, actúa como un pesado freno de mano sobre el aparato productivo. La banca corporativa colombiana adopta a pasos agigantados herramientas de Inteligencia Artificial para automatizar la evaluación de riesgos y optimizar procesos de cara al usuario. No obstante, los desembolsos de créditos comerciales y de consumo registran caídas de doble dígito. Las tuberías del sistema financiero son más modernas y eficientes que nunca, pero el flujo de capital real que irriga a las empresas y a los hogares se está secando.
Para las micro y medianas empresas, que componen el grueso del tejido productivo colombiano, la digitalización de los pagos ha facilitado las transacciones cotidianas, pero no ha resuelto el problema de fondo que representa el prohibitivo costo del dinero. Con tasas de interés que limitan el margen de maniobra y una demanda interna debilitada, el apetito por el endeudamiento con fines de expansión se ha desplomado. Los empresarios prefieren postergar sus planes de inversión fija, lo que se traduce en proyecciones de crecimiento económico que apenas rozan el 2,5 %, una cifra insuficiente para un mercado emergente con altas necesidades sociales.
Esta dualidad plantea una lección crucial para la economía política contemporánea. La inclusión financiera y la innovación tecnológica son herramientas indispensables para formalizar las economías en desarrollo y reducir la informalidad, pero no sustituyen a las variables macroeconómicas tradicionales. Una infraestructura de pagos del siglo XXI es un logro técnico notable, pero pierde su potencia transformadora si el sector productivo carece de la confianza y el dinamismo necesarios para utilizarla como un motor de desarrollo.
Al final, el caso colombiano demuestra que el éxito en la digitalización no se traduce automáticamente en prosperidad material. Si las autoridades monetarias y el gobierno nacional no logran coordinar una senda que abarate el acceso al crédito y reactive la inversión privada, Colombia corre el riesgo de consolidar un escenario agridulce, poseer el sistema de pagos más veloz y moderno de la región para administrar una economía en pleno estancamiento.
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