Como Ministro de Interior durante tres años conocí a fondo la Policía Nacional y aprendí a apoyarla, quererla y respetarla. A sus comandantes, sus oficiales, sus agentes, que la inmensa mayoría son jóvenes compatriotas que sirven a sus ciudadanos con enorme sacrificio y voluntad. Por eso duele lo que sucede hoy con una institución que debemos salvar entre todos. Los abusos indiscriminados y el exceso de fuerza de muchos uniformados las noches del 9 y 10 de septiembre, llevaron a la propia alcaldesa de Bogotá a calificar de masacre la muerte de 14 personas, la mayoría de ellas jóvenes. En los días siguientes quedó en evidencia la desobediencia o revuelta de la policía contra su autoridad.
La reacción de Iván Duque y de Claudia López fue radicalmente opuesta y una prueba más de las diferencias de talante entre ambos gobernantes. Mientras el Presidente pretendió inicialmente minimizar los hechos, ignoró a las víctimas fatales y apoyó las actuaciones de la policía, la alcaldesa comprendió la magnitud de la tragedia, se solidarizó con las víctimas, rechazó el vandalismo organizado y con transparencia exigió responsabilidad de la policía. Es increíble que hechos de esta gravedad no ocasionen la salida inmediata del director nacional de la Institución.
Y solo se podrá recuperar algo de confianza de la ciudadanía en su policía si se conoce la verdad completa de lo sucedido, las autoridades nacionales piden perdón, se reemplaza a la cúpula policial y se avanza en una reforma a fondo de la institución, que conduzca a su definitiva desmilitarización. Cuando se suscribió el acuerdo de paz el general Naranjo, el Director que logró que la Policía fuera respetada y querida por los colombianos, planteó la necesidad de crear una nueva policía para La Paz. Se propuso el Ministerio de Seguridad Pública. La reacción de las fuerzas militares y de los propios generales retirados fue tan dura que la idea no sobrevivió. Es el momento de abrir nuevamente esa discusión.
Otro debate es el del artículo 315 de la Constitución Política que supuestamente otorga a alcaldes la facultad de ser los jefes de la policía en sus municipios. No nos metamos mentiras. Los alcaldes en la realidad no tienen ese poder porque no son ellos quienes los nombran, ascienden, trasladan y destituyen. Las órdenes finales siempre son del Director Nacional, el Ministro de Defensa y el Jefe de Estado. A la alcaldesa de Bogotá no le sucedió nada distinto a lo que le ocurre a cualquier alcalde de Colombia en su respectivo municipio. Después de la violencia partidista en los años 50’s y con la creación del Frente Nacional, se decidió nacionalizar la policía con el propósito de despolitizarla. En su momento fue la decisión conveniente y correcta en un país además muy centralizado. Ahora vale la pena revisar ese modelo y definir si requiere ajustes o no.
En cualquier caso, más allá de si se conserva centralista o se avanza hacia un mayor poder de alcaldes y gobernadores, lo cierto es que requerimos con urgencia una policía más ciudadana, más civil y nada militar, si realmente se quiere fortalecer su vínculo con la gente. La crisis hoy es muy grave, retrocedimos en materia de transparencia, derechos humanos y relación con el ciudadano. Necesitamos una policía sólida, respetada y querida por los colombianos. Para lograrlo es urgente una reforma a fondo que sea concertada por la sociedad entera. La Policía Nacional es muy importante para dejarla en manos de los policías. Su suerte nos incumbe a todos y es definitiva para el futuro de nuestra democracia.
