El 4 de enero de 2021 este diario publicó cuáles eran los seis principales retos del nuevo comandante de la Policía Nacional: disminuir los homicidios; ejercer la seguridad en la frontera; articular las diferentes instituciones regionales; divulgar las cifras con transparencia; disminuir la percepción de inseguridad; y regular los mercados informales de la ciudad. Después de un año, hay tres reflexiones que se pueden hacer en torno a estos retos que, por cierto, van más allá de las funciones de un comandante de Policía y no dependen del trabajo de una sola institución.
Teniendo en cuenta que el homicidio es el delito que más preocupa a las autoridades, hay que decir que la estrategia para disminuirlos no ha dado los resultados esperados. El año pasado se cometieron en el Área Metropolitana de Cúcuta 357 homicidios. Esto significa un aumento del 36% si se compara con el año 2019 (año previo a la pandemia), en el que se presentaron 262 homicidios. Frente a esto, es necesario evaluar y reconsiderar algunas de las medidas que se toman semanalmente en las mesas de trabajo para disminuir este índice delictivo. Seguramente allí deben ajustarse algunas directrices porque este delito continúa en aumento.
Ahora, es cierto que la seguridad en la frontera implica acuerdos mínimos de las autoridades regionales y nacionales de ambos países. Acuerdos que no llegaron durante cuatro años y que serán parte de las tareas del próximo gobierno. Por eso, sería errado señalar a la Policía como la única responsable de estos problemas, pues, además del Gobierno Nacional y sus asesores en seguridad y defensa, aquí también deben rendir cuentas todas las instituciones públicas presentes en la región, como el Ejército, las Alcaldías, la Gobernación, la Procuraduría, la Personería, la Defensoría y la Fiscalía. Cada una de estas entidades tiene dentro de sus objetivos garantizar los derechos y la seguridad de las personas que habitan la frontera. Una tarea que sigue pendiente.
Por ello, uno de los retos principales de las autoridades consiste en articular a las distintas instituciones que integran los Consejos de Seguridad donde se analizan periódicamente los hechos violentos. Me explico, a pesar de que todas las entidades que allí participan tienen objetivos en común, cada una de ellas cumple actividades diferentes, reciben órdenes de distintos superiores y tienen sus propios planes de funcionamiento, ejecución y evaluación. Esto dificulta trabajar de forma coordinada y por eso en estas reuniones se emiten órdenes a las que resulta muy difícil realizar seguimiento, pues no existe un doliente que coordine y articule efectivamente las distintas responsabilidades que allí se toman. Por el contrario, cada uno controla su pequeño espacio de actividades y desde allí se defiende sin mirar el conjunto de los problemas al rededor. De esta manera, la responsabilidad se difumina entre tantas instituciones y ninguna asume la seguridad como parte de una agenda pública conjunta.
Los recientes atentados en contra de la subestación de Policía de la Ye de Astilleros, de la caravana en que se movilizaba el comandante de la Policía y de la Brigada 30, demandan múltiples acciones con urgencia y replantear algunas estrategias. Sin embargo, creo que un buen punto de partida implica gestionar un liderazgo que se encargue de coordinar, concertar y evaluar las distintas tareas que se han puesto en marcha para hacer frente a estos problemas. Para ello no se necesita crear más puestos, sino aprovechar los funcionarios que ya existen en los despachos de gobierno y de seguridad de las alcaldías y la gobernación. En últimas, asumir la seguridad como parte de una agenda pública conjunta que afecta a toda una comunidad y no solo a una institución en particular.
