La amenaza de quien aspira a ser gobernante de la nación de “destripar” a quienes piensen distinto de él en el campo político es la intención de utilizar el poder como instrumento de violencia. Es promover el crimen de Estado. Es ser adicto a la gestión de Benjamín Netanyahu, que lo hace con los palestinos o con cualquier territorio que involucre en sus odios o en su agenda imperialista y colonialista.

En Colombia esa causa criminal la ha asumido el candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella. Con sectarismo acérrimo, propio de la intolerancia, se compromete a “destripar” a colombianos alineados con la izquierda, o sea, a la mitad de los ciudadanos que habitan el país, por lo menos.

Esa intención prevista como pilar de gobierno equivale a repetir la historia de violencia partidista que vivió Colombia entre los años 40 del siglo XX (con el regreso del partido Conservador al poder) y los 50, cuando mediante los acuerdos del Frente Nacional se busca ponerle fin a la sangrienta etapa se sectarismo bipartidista que dejó 200.000 víctimas por el exterminio a sangre y fuego, más desplazamientos, desaparición de personas y despojo de predios a los campesino que eran sus propietarios.

La violencia no se superó por completo. Aparecieron las guerrillas de distintas vertientes y, tras ellas, los grupos paramilitares, con acciones criminales que han proliferado.

La intolerancia, como la que busca promover De la Espriella, si llegara a la jefatura del Estado, sería repetir el exterminio de la Unión Patriótica. Fue el plan de liquidación letal de quienes estaban vinculados a una colectividad con un programa de cambio progresista, destinado a superar la brecha de desigualdad y los múltiples flagelos que esta genera. 

La violencia de exterminio que ha acuñado en su temperamento autoritario de la Espriella también reedita la ejecución extrajudicial de personas, como ya ocurrió durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe. Entonces fue la cacería de jóvenes para reclutarlos en las filas militares y, finalmente, acribillarlos y reportarlos como dados de baja en combate, cuando ni siquiera sabían disparar un arma.

No puede tener credibilidad quien, invocando la democracia, tiene como finalidad de gobierno destripar a sus gobernados. Es decir, quitarles la vida para no tener oposición ni críticos y ganar espacios que faciliten la negación del Estado social de derecho.

Esta amenaza debe llevar a la reflexión a los ciudadanos que concurrirán a las urnas el 21 de junio, en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Porque no se trata de echarle más leños a la hoguera de la violencia, sino, al contrario, apagar ese infierno y dedicar todos los esfuerzos y recursos a la construcción de la paz, con los beneficios que generará para todos los colombianos.

La paz es la prioridad nacional. Y hay que alcanzarla por encima de los enemigos que busquen bloquearla. La paz que es bandera desplegada por Iván Cepeda, a quien no se le puede tachar de lo que buscan colgarle sus adversarios, con argumentos deleznables basados en la mentira y en el reconocimiento de que el candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida los supera en todo: intelectual, moral y políticamente.

Puntada

La Universidad del Catatumbo debe estar en la agenda de los congresistas nortesantandereanos.

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