En Colombia el sectarismo partidista ha obrado como determinador de la violencia política. Pero no es un sentimiento ajeno a la defensa de los intereses de quienes tienen el manejo del poder o, en general, del establecimiento. Matar al adversario puede estar relacionado con una causa, no siempre visible, articulada a privilegios que representan activos particulares de alcance económico o social. Todo eso está calculado con anticipación y de su manejo se encargan servidores amaestrados en esos ejercicios de imposición agresiva, en la medida que se requiera y conforme a lo dispuesto.
En el siglo XX, tras los estragos imperiales de la colonia y las secuelas resultantes del proceso de la independencia, la disputa del poder enfrentó a liberales y conservadores en una escalada de muerte recurrente, como fue el período anegado de sangre y fuego, entre 1946 y finales de la década de los años 50. El regreso del Partido Conservador al poder con énfasis hegemónico desató la tormenta del odio, como si sus actores fueran enemigos acérrimos. Esa confrontación letal le costó al país más 200.000 víctimas, casi todas de filiación liberal. Fue una persecución abismal, con aniquilamiento de las garantías democráticas y el Estado de derecho.
Después se han surtido otras violencias, de las cuales han sido actores, combatientes de las guerrillas, bandas criminales del paramilitarismo, sicarios del narcotráfico y miembros de la Fuerza Pública del Estado, con acciones extremas. Ese tropel de exterminio, con muertes, desaparición forzada, desplazados y secuestrados, además de otros ultrajes a la persona humana, deja víctimas que se calculan en 9 millones.
Un capítulo abrumador en la historia de la violencia en Colombia es el exterminio de la Unión Patriótica entre los años 80 y 90 del siglo XX. Paramilitares y hasta agentes de la Fuerza Pública del Estado están comprometidos en las acciones de exterminio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció sobre la responsabilidad del Estado colombiano en esos hechos imponiéndole actos de reparación a las víctimas.
Y en ese entramado de violencia, con responsabilidad oficial, hay mucho más. Está el expediente de la ejecución extrajudicial de 6.402 colombianos por parte de militares activos, con la justificación que habían sido dados de baja en combate. Todos los testimonios ante la JEP de oficiales comprometidos en esos crímenes confirman que fueron actos irregulares para mostrar unos resultados falsos. Algo que afecta la autoridad de la institución militar.
Y están también en esa relación de la violencia política el asesinato cotidiano se líderes y lideresas sociales, defensores de los derechos humanos, reintegrados de las Farc y protectores del medio ambiente.
La violencia política afecta la democracia y además le anula posibilidades a la nación en su desarrollo social. Por eso se impone como prioridad la paz y ojalá la paz total, que no es una utopía de especulación sino una necesidad colectiva. Los colombianos no tienen por qué pagar con sus vidas el amasijo de privilegios de unos cuantos heliotropos con afán codicioso de poder.
Debe ser de interés público mantenerse en función de la defensa de la vida contra todos los actores de la violencia política.
Puntada
La de Samuel Moreno fue una vida frustrada por él mismo. Tuvo la oportunidad de ser un dirigente respetable, sirviéndole con honradez al país y prefirió el atajo de la contratación tramposa. Un salto al abismo.
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