La Defensoría del Pueblo informó la semana pasada que existe un alto riesgo de violencia sobre la población de los municipios de El Zulia, Sardinata y Bucarasica. Las causas son el fortalecimiento de las disidencias de las Farc en estos tres municipios, el avance de las Agc desde la zona rural de Cúcuta hacia El Zulia y la presencia permanente de varios grupos armados (disidencias Farc, Eln y Epl) en distintos puntos clave de la vía que conduce a Ocaña.
Esta alerta temprana no se refiere a hechos que las autoridades desconozcan, pues desde hace cuatro años la Defensoría ha divulgado alertas con recomendaciones específicas para cada una de las dependencias estatales que deben atender estos problemas. Todo ello con la finalidad de que las instituciones del orden nacional y regional coordinen una respuesta rápida, ya sea para mitigar las amenazas, para prevenir violaciones de derechos humanos o para atender, acompañar y proteger a la población. Sin embargo, en la mayoría de los casos esas recomendaciones no se terminan cumpliendo y en otros pocos quedan a medio cumplir.
En esta ocasión la Defensoría menciona que, a raíz del reciente auge del carbón, la minería artesanal y la minería ilegal están generando graves afectaciones sobre el medio ambiente. Además, indica que las personas y empresas que se dedican a la actividad minera son objeto permanente de extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad. De hecho, el Eln expidió un código de “normas y criterios” que establece deberes y sanciones para quienes se dedican a la minería.
Hay dos lugares en los que la violencia puede seguir escalando por cuenta de la disputa territorial entre estos grupos armados: Agualasal, un sitio clave que conecta la vía hacia Tibú, la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander; y el sector conocido como La Curva, donde la semana pasada hubo un enfrentamiento entre el Ejército y uno de estos grupos.
Las tensiones que se presentan entre estos grupos dejan a la población -como es usual- en medio de la confrontación armada. Una de las víctimas de homicidio en Bucarasica fue un líder comunal; en febrero de 2022 un ganadero de Sardinata fue secuestrado durante dos meses; las comunidades campesinas han denunciado el temor de transitar por ciertos lugares debido a la instalación de minas antipersona; en los tres municipios se han presentado desplazamientos forzados en el último año; y el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes no ha dejado de ser una práctica habitual en la región.
Después de leer el contexto de riesgo que atraviesan los municipios de El Zulia, Sardinata y Bucarasica, después del fin del cese al fuego con las Agc y teniendo en cuenta la difícil negociación que el Gobierno adelanta con el Eln y el Estado Mayor Central, es inevitable pensar que lo ocurrido en días pasados en el Bajo Cauca antioqueño puede replicarse a otras regiones del país, entre las cuales se encuentra nuestro departamento.
Ojalá las autoridades de la región escuchen las alertas (los gritos de auxilio) de la Defensoría del Pueblo y asuman con seriedad su rol de garantes de la vida y la integridad de los habitantes. Ojalá logren articularse con el Gobierno nacional para evitar más afectaciones a la población. Ojalá las tendencias que en redes sociales piden seguridad, libertad y orden legítimo perduren en el tiempo, más allá de la contienda electoral que se avecina.
