Desde el ejercicio gubernamental generalmente se pretende transmitir la idea de que las cosas marchan bien. Y en las campañas, trátese de partidos o candidatos, se ofrece siempre un futuro mejor a través del maquillaje mediático. Por eso, algunos definen vulgarmente la política como el arte de vender esperanza. Esa dosis de entusiasmo se diluye a medida que los pueblos enfrentan su realidad cotidiana. 

Las cosas no marchan bien en las finanzas públicas del país desde mucho antes de la pandemia y, por supuesto, con ella han recibido una inyección para empeorar. Se habla de una nueva reforma tributaria, más endeudamiento, y venta de activos del Estado, como sería la de Ecopetrol. La crisis fiscal comenzó hace décadas, por manera que la responsabilidad compete a los distintos gobiernos que hemos tenido. 

El presupuesto de 2020 se fijó en 271 billones de pesos. Pero sólo 159 billones o sea el 60%, se esperaba cubrir con ingresos corrientes o impuestos que pagamos los colombianos. Aquí comienza el déficit, ya que para completar otros 81 billones, se acudiría al crédito externo e interno, y la venta de activos. El resto serían rentas parafiscales, fondos especiales y rendimientos de empresas públicas. En materia de gastos, se proyectaron 172 billones para funcionamiento del Estado, incluyendo nómina, bienes y servicios, y transferencias. Al servicio de la deuda se le otorgaron 59 billones de pesos, equivalentes al 23% del presupuesto, al paso que para inversión social se destinaban apenas 47 billones, o sea el 17%. Dadas las necesidades del país, estas cifras son devastadoras. Una nación que gasta más en el servicio de la deuda que en inversión social está ciertamente enferma. Y Colombia lo está porque su deuda pública, según el Worldfact Book de la CIA, supera los 130 mil millones de dólares, equivalentes al 49
% del Producto Interno Bruto.  

El problema no es sólo de Colombia. La deuda externa de América Latina, que era de 27 mil millones de dólares en 1970, creció irresponsablemente a 235 mil millones de dólares en 1980, y a la extravagante suma  de 476 mil millones de dólares en 1990. Ya en 2013 superaba los 1’244 mil millones de dólares. Este panorama regional desolador no puede ser nuestro consuelo.  

El Coronavirus debería servir para revisar a fondo el modelo económico. Si la Constitución predica el Estado Social de Derecho, con base en los principios de la solidaridad y la prevalencia del interés general, lo lógico es redireccionar ese Estado que ha sido presa del neoliberalismo a ultranza, para ajustarlo a las necesidades nacionales. Con el 28% de la población colombiana sumida en la pobreza, lo sensato es seguir el mandato constitucional. No se trata de abandonar el capitalismo ni de debilitar la libre empresa, sino de erradicar esa faceta del capitalismo que rinde culto extremo a la rentabilidad y el individualismo, para construir más bien un modelo incluyente, fundamentado en un capitalismo humano y socialdemócrata.  

Nadie niega los efectos de la pandemia en las finanzas del Estado por la caída de los precios del petróleo y otros factores, como el incremento del dólar, que encarece la deuda externa. Su hueco es tan grande como el que deja la corrupción anualmente, que le sustrae al erario 52 billones de pesos. Lo fácil para cualquier gobierno es amplificar el impacto del Coronavirus, y no emprender una reingeniería de fondo. Así, se buscarán una nueva reforma tributaria, más crédito externo, y venta de activos, como Ecopetrol. El perdedor por cualquier lado será el pueblo colombiano. La reforma tributaria, golpeará más todavía a la clase media; con el sombrero por doquier, el gobierno buscará 10 mil millones de dólares, a través de emisiones en el mercado de capitales y préstamos en organismos internacionales; y, en cuanto a Ecopetrol, su venta sería absurda, como quiera que ha sido siempre la caja menor del Estado. 

Es posible que haya que acudir al menos a las dos primeras herramientas pero ojalá con mesura. Una reforma tributaria debería comenzar con el desmonte de las exenciones tributarias a las grandes empresas nacionales y transnacionales, y la revisión sobre el control de las regalías, que siempre se burlan.

El crédito externo, por su parte, debería ser blando, recordándoles a las naciones industrializadas que en esta época de pandemia es menester alguna solidaridad con los países pobres, inclusive condonándoles parcialmente su deuda. Así debería comenzar el nuevo orden económico internacional.