El Gobierno Nacional hace lo justo cuando toma la decisión de privilegiar las necesidades de la población vulnerable en Colombia frente a la terrible pandemia mundial que padecemos. Los anuncios de aumento de los subsidios a la gente que ya los tienen, a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, van en la dirección correcta.

Si se logra que entre esta semana y la otra lleguen a sus beneficiarios, sin duda contribuirían a aliviar un poco la difícil situación social que viven, como consecuencia de esta grave crisis. Hablamos de alrededor de 2.600.000 beneficiarios de Familias en Acción, poco más de 200.000 jóvenes y casi 1.700.000 adultos mayores, que en las próximas semanas contarán con un ingreso mínimo que los ayudará a cubrir sus gastos de manutención.

Sin embargo, quedan muchos otros sectores de la población pobre del país a los cuales hoy el Estado no tiene como llegar de una manera eficaz, transparente y oportuna. Se trata de millones de compatriotas independientes e informales, que no están protegidos por estos programas y se ganan la vida en labores independientes de distinta naturaleza, y también como vendedores ambulantes en las calles de las principales ciudades del país. Hasta el momento no hay claridad en la mejor forma de individualizar esta población para ayudarla, porque supuestamente no hay información básica confiable. Pero si la hay al menos parcialmente, y sería muy conveniente utilizarla en esta coyuntura.

Con la ley 1448 del 2011, más conocida como la La Ley de Víctimas, Colombia abrió el registro único de víctimas, que con los años se ha organizado técnicamente y contiene información muy valiosa de millones de familias víctimas del conflicto, que han sido reconocidas por el estado y acceden a distintas medidas de reparación.

Hoy el número de inscritos llega los 9 millones de personas, que representan un universo de poco más de 2.000.000 de familias que han padecido la guerra. De estas más del 95% pertenecen a los sectores más pobres de nuestra población. Casi un millón de ellos ha recibido su indemnización administrativa prevista en la ley y millones más en alguna ocasión han recibido ayuda humanitaria, rehabilitación sicológica o les fueron restituidas las tierras de las cuales fueron despojados por los violentos.

Pero muchos de ellos hasta el momento no han podido acceder a una medida de reparación. Y si en esta crisis hay una población que merece la mayor atención y solidaridad del estado es la población víctima del conflicto. Por ello, sería conveniente que el gobierno utilizara el registro único de víctimas, que puede ser un instrumento útil a la hora de focalizar los esfuerzos presupuestales del estado en esta emergencia sanitaria, económica y social.

No es difícil tomar el registro de víctimas y hacer el cruce con Familias En Acción, que además pertenece al mismo sector de Prosperidad Social, y con Colombia Mayor. Seguramente aparecerá un número importante de víctimas, la mayoría madres cabezas de hogar de estratos 1 y 2, que no son beneficiarias de estos programas y a quienes el gobierno debería garantizarles, al menos temporalmente, las mismas ayudas que recibirán los beneficiarios del programa durante estos meses.

Esta sería una medida justa y ética desde el punto de vista político y social. Además se trataría de un instrumento objetivo que ya existe y no tendría el gobierno que salir de manera apresurada e improvisada a buscar a la gente que requiere la ayuda del estado para subsistir.

Es cierto que ya se anunciaron medidas para las víctimas, entre otras el anticipo de las indemnizaciones previstas para este año y de las ayudas humanitarias de los próximos meses. Eso está bien, pero lo que hicieron fue básicamente agilizar la ejecución del presupuesto contemplado para este año en la Unidad. Las víctimas merecen mucho más y es necesario que se dediquen recursos extraordinarios y adicionales de la emergencia económica a aliviar en algo su difícil situación.

No se trata por supuesto de ninguna medida de reparación. Simplemente de una ayuda humanitaria excepcional y transitoria, mientras muchos de ellos, que a su vez trabajan en la calle y la informalidad, logran estabilizar nuevamente sus precarios ingresos. Esta sería una decisión objetiva desde el punto de vista técnico, y profundamente justa desde lo social, con miles de compatriotas que además de sufrir las barbaridades del guerra, ahora sufren de manera cruel las consecuencias de esta pandemia que dejará unos efectos sociales lamentables en el país. Merecen mucho más nuestras víctimas.