En varias columnas he tratado el tema de nuestra realidad política y su modelo que induce a una estructura corrupta, con base en ese concepto etéreo del estado social de derecho, que desde el poder se entiende como que el Estado debe garantizar todos los derechos a todos los ciudadanos, sin responsabilizarse por su incumplimiento, pero que permite el crecimiento cada vez mayor del Estado.
En el centro de este problema político está el papel principesco del presidente de la República, quien ostenta los papeles simultáneos de jefe de Estado y jefe de Gobierno, además de esos cuerpos de agenda propia y sin control, los llamados organismos de control.
El desboque de las cabezas de la Procuraduría y la Fiscalía, hoy arietes de choque en la confrontación política, son ejemplo de eso.
Pero si a esto sumamos un rasgo colombiano que poco se ha trabajado, aunque algunos esfuerzos se han hecho, de patologías siquiátricas sociales con expresión personalizada, el escenario es tenebroso aunque brinda claridad sobre muchos comportamientos.
Un panelista de Hora 20 de Caracol Radio, el lunes 9 de noviembre de 2015, en el debate sobre la manifestación de la Fiscalía en el sentido de revisar la cosa juzgada del M-19 en el caso del Palacio de Justicia para crímenes de lesa humanidad, especuló si en el fondo de un funcionario que todos los días crea un debate sobre lo divino y lo humano, no habría algo siquiátrico como una necesidad de figuración, sin importar lo que afecte.
Y realmente si uno mira las últimas declaraciones del fiscal, puede ver un hilo conductor de crear “escándalo”: los últimos son demandar la ley del tribunal de aforados, que le pone algún control, lo que no le gusta; el escándalo de los contratos y su soberbia al responder por ellos; el caso del aborto de una actriz; decir que el narcotráfico y el secuestro son conexos al delito de rebelión; suspender las investigaciones a los máximos jefes de las Farc por el proceso que se adelanta y el de aborto libre hasta las 12 semanas.
El cargo de fiscal, que en muchos países es dependiente del ejecutivo, debe trabajar en pos de lograr una adecuada gestión judicial de lo criminal, que está bien enredada, desde la acumulación de procesos hasta las cárceles llenas de sindicados, no de condenados, pero eso no lo desvela, y todo el día busca medios para dar declaraciones polémicas. Y los medios están prestos a lo “escandaloso”; la voz, no la razón es lo que manda en el país.
El procurador por su parte ha dejado claro que él, antes que funcionario de un Estado laico, es cruzado de una línea fundamentalista católica, y en tal sentido, actúa según un criterio ultraconservador.
También opina de todo, como el fiscal, usualmente como contraparte de aquel, oponiéndose a jurisprudencias como la del aborto en los tres casos que la ley colombiana estableció, o la eutanasia. Usan su poder desde el Estado para sus “luchas”; no son funcionarios del Estado, sino “cruzados” descontrolados.
Sería importante en Colombia que a cargos de dirección, nacionales, regionales y locales, se les exigiera un examen siquiátrico que busque definir si hay latencias de personalidades despóticas, megalómanas, fundamentalistas, irracionales o simplemente de rasgos acentuados de personalidad sin conciencia moral, que en el ejercicio de poder omnímodo, como algunos en Colombia, y rodeados de una cohorte de aduladores se desarrolla en toda su patología con los daños asociados a su poder. Me temo que mucho de lo que queremos manejar como temas judiciales son más de salud pública siquiátrica.
Sobra decir que en lo social, las manifestaciones de patología siquiátrica en el país son obvias, y se han vuelto casi una característica del ser colombiano. Empecemos por la cabeza, a ver si la racionalidad se convierte en una forma de actuar en Colombia.
