El 29 de octubre fueron elegidos en Colombia gobernadores para los departamentos, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Son los que tendrán el manejo de la administración pública en lo regional y lo local en el período 2024-2027. Su responsabilidad está consagrada en la Constitución y las leyes. La gestión de gobierno que asumen tiene efectos generalizados en la comunidad por lo cual les corresponde tomar sus decisiones con sujeción al interés común, por encima de cálculos acuñados en el ámbito particular. Eludir ese compromiso es hacer deleznable el mandato recibido, generando desconfianza y muchas veces frustración irreparable.

La función de gobierno está pensada para servir con acierto, mediante acciones que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Esa función no debe estar expuesta a la degradación. Decía el electo alcalde de Tunja MikhailKrasnov -ruso de nacimiento- que en Colombia la política se había convertido en un negocio, lo cual pesa negativamente en los actos oficiales. Y es en ese desvío al que no deben llegar los que reciben un mandato popular para ejercerlo según el ordenamiento institucional y la ética. No hay que dejar prevalecer la trampa de la codicia.

Estar revestido de autoridad en la función pública obliga a ser consecuente con esa condición. Lo que debe llevar a gobernar tomando en cuenta a la gente, con reconocimiento de sus derechos. Y estos se refieren al trabajo, la educción, la salud, la paz, la vivienda, la seguridad ambiental, la libertad y en general, todo lo que contribuya a fortalecer la dignidad de la existencia humana. Hay que tomar conciencia de la importancia de superar las limitaciones que fueron opresión y que quedaron como un nudo de horror en la historia porsu humillante trama.

Los elegidos para los cargos públicos provienen de todos los sectores y representan a las diversas fuerzas partidistas y hasta vertientes ideológicas. Tienen distintos grados de conocimiento y su noción de la administración también varía. Esa pluralidad apunta a resultados diferentes, pero es deseable que coincidan en el común denominador del acierto en las decisiones que tomen. Acierto en cuanto la identificación de prioridades en los problemas generalizados. También en el manejo responsable de los recursos públicos, evitando que caigan en el desvío o el abusivo aprovechamiento. Es el respeto que se debe a los ciudadanos que acuden con su voto a poner confianza en unas personas que buscan los cargos de poder.

A los elegidos hay que seguir tomándolos en cuenta, haciéndoles veeduría activa a fin de que desarrollen sus funciones desde la administración sin perder de vista el interés público. Esa veeduría les permitirá no caer en el abuso de poder y no convertir el presupuesto público en botín de enriquecimiento ilícito.

El correcto manejo del poder hace parte de una democracia funcional y aleja la política de prácticas desatinadas. Dejará de ser un negocio y se ejercerá entonces con énfasis en las ideas, en los principios. Algo que los elegidos debieran cultivar para el legado que puedan dejar.
Puntada

Hay proyectos regionales que no deben perderse de vista: el ferrocarril de Norte Santander, la Universidad del Catatumbo y el centro de convenciones. Ahora se agrega la propuesta de Raúl Ortega sobre el embalse metropolitano. Gobernantes, gremios y los diferentes sectores activos deben asumir sus responsabilidades respecto a tales posibilidades.

ciceronflorezm@gmail.com

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