![/La Opinión Rafael Nieto Loaiza](/sites/default/files/styles/portada_principal_747x420/public/2022-07/Rafael%20nieto%20loaiza.jpg?itok=AiUpYB3y)
Otty Patiño, excamarada de Petro en el M19 y flamante Comisionado de Paz, con ocasión de la instalación en Caracas de las conversaciones con los reincidentes de las Farc, ofreció disculpas a Márquez y compañía por la operación militar en que se dio de baja a Hermes, un cabecilla de Nariño.
A diferencia de las disidencias, que nunca entraron a negociación con el gobierno, los reincidentes son aquellos que negociaron y pactaron con Santos, pero después se devolvieron al monte a seguir echando bala y “narcotraficando”.
Patiño dijo “lamentar profundamente los acontecimientos”, los calificó como "algo fatídico” y les ofreció "un abrazo de condolencias […] muy sincero”. Más tarde fue aún más allá, solicitó “hacer una investigación que esclarezca la muerte de Hermes”.
Lo más importante no es, sin embargo, la impúdica melosería de Patiño con los bandidos, sino que se inicien “diálogos de paz” con los reincidentes y se pretenda que los militares dejen de operar contra ellos.
No hay la menor duda de que a los reincidentes, que negociaron y firmaron con Santos y después decidieron seguir matando, no se les aplican los mecanismos de la justicia transicional.
La Constitución, por modificación hecha en el acto legislativo 01 de 2012, sostiene que la justicia transicional "estará sujeta al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas” y que "en ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional […] a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”. Para quien lo haya olvidado, Márquez y compañía fueron expulsados de la JEP.
La ley de Orden Público sostiene que "el indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión o la resolución inhibitoria quedarán sin efecto alguno, si el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro del término que dure su proceso de reintegración”.
En la modificación del 2018 se agrega que "para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir, como mínimo, el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia, y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil”, condiciones que, por definición, los reincidentes no cumplen.
Es decir, el reincidente no solo no puede acceder a la justicia transicional, sino que pierde todos los beneficios, penales y de cualquier otra naturaleza, que haya recibido.
En cualquier caso, los mecanismos típicos de las conversaciones de “paz” con un grupo armado organizado no son aplicables a los reincidentes. De ninguna manera puede pactarse, por ejemplo, un cese del fuego. Y no pueden suspenderse las operaciones militares y policiales contra estos reincidentes.
Así que los comentarios de Patiño, en cuyo trasfondo está la idea de que no debería haberse ejecutado la operación militar contra Hermes, no solo son obscenos y están fuera de lugar, sino que olvidan las reglas jurídicas aplicables a los reincidentes.
Como mucho y forzando la definición que hay en la ley, cabría un diálogo para su sometimiento, como se haría con las llamadas "estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Sin embargo, Petro y Patiño están asumiendo las conversaciones con los reincidentes como las de cualquier otro proceso de paz. En el comunicado conjunto del 24 de junio, dicen que entran en "el primer ciclo de diálogos y negociaciones con el cual pretendemos desarrollar los temas específicos de la Agenda de Diálogos de Paz” y que "las Partes reafirman su compromiso con la búsqueda de un acuerdo de paz para Colombia”.
Ni una palabra sobre sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura criminal. Los de Caracas son unos diálogos sin que haya una reforma constitucional que permita pasar de conversar con los reincidentes para someterlos a la justicia a tener con ellos unas negociaciones de paz.
El gobierno está haciendo unos diálogos de paz sin tener marco jurídico para ello. Prevarica. La pregunta, pertinente por los antecedentes, es si lo hace solo por simpatía ideológica con Márquez y su banda o si pretende usar esas negociaciones en el propósito de impulsar una constituyente y quedarse en el poder.
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