Aunque los problemas del subdesarrollo del país son estructurales y demandan cambios progresivos para establecer un modelo económico basado en un capitalismo humano, con un Estado listo a intervenir cada vez que el mercado genere distorsiones, con frecuencia simplificamos las cosas para señalar la corrupción como causa de todas las dificultades.
La corrupción, que compromete todo el cuerpo societario, tiene múltiples causas, como la pobreza, la desigualdad, o la escasa movilidad social; y, los combustibles que la aceleran son muchos, verbigracia, el narcotráfico, una clase política mayoritariamente corrupta, y una tremenda impunidad. De cierta forma, la corrupción es al mismo tiempo causa y efecto. Actualmente todas las ideologías corren el riesgo de terminar derrotadas. Lo hemos visto en América Latina. Aún con giros ideológicos fuertes, como una izquierda radical, nada garantiza la eliminación de la corrupción, frente a la cual, sin duda, la derecha tradicional es la primera responsable.
Hay que erradicar con urgencia la corrupción. Y, adicionalmente, para superar las injusticias, es menester adoptar cambios en educación, salud, vivienda, comercio exterior, ejercicio de la política, aplicación de la justicia, o manejo de nuestros recursos. Necesitamos erradicar esa pobreza que hace sufrir a 23 millones de compatriotas. En resumen, dos tareas fundamentales: levantar con firmeza la bandera de la moral pública, y hacer cambios estructurales de manera progresiva.
La corrupción en el sector público alcanza 55 billones de pesos al año, o sea el 4% del Producto Interno Bruto, con lo cual se podrían construir un millón de viviendas de interés social; o se pagaría el servicio de la deuda, que supera los 50 billones de pesos anuales.
Todos los candidatos asumen posturas anticorrupción, pero en forma genérica, sin propuestas concretas ni plan metodológico. No sirven paliativos ni medidas populistas. Se requiere de un plan integral, drástico y pro tempore, dada la metástasis que la corrupción ha causado en el tejido social. Consideremos algunos puntos:
a) Una Justicia Especial para los delitos contra la Administración Pública, lo cual supone un estatuto particular en lo sustantivo y procesal. Las infracciones contra el erario deben tener penas altas, porque está en juego lo que es de todos, y en ningún caso las penas mínimas deben estar por debajo del 75% de las máximas.
b) El estimado del desfalco debe reflejarse en las posibilidades de acceso al principio de oportunidad. En ningún caso, este principio, que supone confesión y podría conducir a la reducción de pena, procedería si no se logran la devolución del dinero hurtado, y la delación si hubo otros actores.
c) Deben terminar las burlas a los jueces simulando enfermedades mentales de los procesados. No más casa por cárcel ni centros especiales de detención, ni privilegios en entretenimiento, celulares, o computadores. La rehabilitación comienza con la efectividad del castigo. En Estados Unidos, el uniforme naranja, los grilletes y las limitaciones de todo orden constituyen el gran temor de los delincuentes.
d) El procedimiento para estos delitos tendría términos reducidos a la mitad. Todo debe ser expedito, propio de una justicia especial. Además, los abogados que obstruyan tales procesos, más que defensores son cómplices y, por lo mismo, deberían ver cancelada su licencia. Asimismo, los jueces tienen unos términos que cumplir, so pena de incurrir en grave falla en el servicio. No más vencimiento de términos.
e) Estas medidas suponen una priorización de casos en los primeros años del Estatuto, seleccionando aquellos ejemplarizantes y de impacto ciudadano. La filosofía de esta iniciativa es de resultados.
f) Este plan de choque es como un estado de excepción, para 10 o 15 años, dadas las circunstancias. Los puntos mencionados son apenas el comienzo para un gran debate filosófico y sociológico que debe imponerse sobre tanto formalismo jurídico. Hay naciones con sistemas penales drásticos, como China, Singapur, Emiratos Árabes, y Estados Unidos. Algo podríamos aprender.
